09 de febrero de 2023
09 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Vinculación UFI-PAMI, ATAJO y obra social para jubilados
Solución para afiliados al PAMI de la villa 21-24
Ya atiende una representación del PAMI en la puerta de la Parroquia Caacupé, en la villa de Barracas. Están avanzadas las gestiones para que la obra social de jubilados instale una boca permanente de atención administrativa y hasta un médico de cabecera dentro del barrio.

Desde el viernes 10 de julio, el PAMI recibe las consultas y brinda asesoramiento sobre sus prestaciones, en la puerta de la Parroquia Caacupé, de la villa 21-24 de Barracas, entre las 10 y las 13 hs.

La medida dispuesta por la dirección ejecutiva de la obra social para jubilados y pensionados es producto de la vinculación entre la agencia ATAJO local; la Unidad Fiscal PAMI y los responsables del Centro de Día “Cándida”, dependiente de la Parroquia Virgen de Caacupé, que dirige el Padre Loreno “Toto” de Vedia.

Según expresaron quienes motorizaron esta solución para los jubilados que viven en la villa de Barracas, se encuentran avanzadas las gestiones para que próximamente un médico de cabecera del PAMI atienda dentro de la villa, como así también se proceda a abrir un puesto de atención administrativo, para que los abuelos puedan realizar dentro del barrio todos los trámites vinculados a su obra social.

El PAMI es la mayor obra social de América latina y funciona bajo control estatal federal. Su padrón de afiliados supera los 4 millones y medio de adultos mayores, además de ex combatientes de Malvinas.

Trabajo mancomunado                   

La solución es parte de una vinculación institucional de larga data. Durante el mes de junio pasado, los responsables de la agencia ATAJO de la villa 21-24, y el equipo de la Unidad Fiscal Pami, encabezado por Eric Deuteris y Juan Barreiro, en compañía de Oscar Larez y Matías Smecuol, de la sub dirección ejecutiva de esa obra social, realizaron en Cánida un encuentro de promoción de derechos con los adultos mayores que asisten diariamente a ese centro. El encuentro había sido el segundo de otro similar realizado a mediados del año pasado.

A partir de ambos encuentros surgieron entre los jubilados algunas inquietudes respecto del déficit que observan en algunas prestaciones de la obra social. Entre ellas, el problema que conlleva la atención de los médicos de cabecera en lugares de la ciudad alejados de la villa, la imposibilidad de que las ambulancias ingresen al barrio y la consecuente dificultad de transitar por algunas de sus calles para vecinos con movilidad reducida, entre otros inconvenientes. La responsable de Cándida, Gianna Reginato y la psicóloga del centro, Valeria Guerrero, asintieron la veracidad de las demandas.

Fue así que durante el mes de julio, el equipo de la UFI PAMI se dio a la tarea de recorrer junto a los operadores de ATAJO las calles de la villa, y visitar en sus domicilios a los adultos mayores que se encuentran imposibilitados de salir de sus casas, para constatar la urgencia del reclamo.

En paralelo, se realizaron sendos encuentros entre el padre Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco de Caacupé; Pablo Piqué, secretario a cargo de la Unidad Fiscal, su equipo de colaboradores, y la coordinadora del ATAJO de Barracas, Laura Santello. En las reuniones quedó de manifiesto que frente a una emergencia las ambulancias se niegan a ingresar al barrio.

Según expresaron los vecinos, y confirmó el cura párroco, la comunidad necesita que el PAMI tenga una representación dentro de la villa, en virtud de la gran demanda existente. Otra de las propuestas consiste en cursar invitaciones a empleados, funcionarios y prestadores de esa obra social, para que caminen las calles del barrio y conozcan la realidad concreta de sus vecinos, a partir de las cuales proyectar actividades formativas, que permitan superar las barreras y los prejuicios, y construir vínculos que trasciendan los roles institucionales.

Estas iniciativas constituyen el primer paso de un objetivo superador: asegurarles a los adultos mayores el acceso efectivo a la salud, a partir de la implementación de políticas públicas concretas, que vinculen el reconocimiento a los derechos básicos de la población más vulnerable a la noción de Acceso a la Justicia.