En la mañana del viernes 8 de mayo, cerca de 120 agentes estatales de programas dependientes de los gobiernos nacional y porteño, participaron del taller sobre sistema penal juvenil realizado en las instalaciones de la Cooperativa de Producción y Aprendizaje (CooPA), en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

La jornada estuvo a cargo del director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del MPF, Julián Axat; la directora del Centro de Admisión y Derivación (CAD), Laura Demarco, y la coordinadora de los equipos de intervención del CAD, Cynthia Rodríguez. La organización de la actividad corrió por cuenta de la agencia ATAJO de la villa 1.11.14, ubicada sobre la avenida Riestra, en la manzana 26 del barrio. Además de titular del Programa, participó todo el equipo de ese ATAJO: la coordinadora Rocío Brandariz, los psicólogos Laura Duarte y Fabio Muente, los abogados Pamela Lodola e Ignacion Mendizábal, y los operadores territoriales Vanesa Hinojosa y Lisa Blanco Escobar.

El centenar de efectores que asistieron al encuentro pertenecían a los siguientes dispositivos estatales con presencia efectiva en el territorio: Programa Trabajo Social de Referencia (TSR); Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (PAEBYT); Programa Niños Felices; Programa de Promoción de la Educación, que combate el ausentismo escolar; equipo de supervisión del Programa Adolescencia; defensoría de menores de Pompeya; Centro de Atención Familiar Nº 3; Centro de Salud Comunitaria Nº 19 (CeSaC); Programa de Acompañamiento Familiar; Servicio Social del Hospital Piñero; Centro de Día “Encuentro”; Escuela Media Nº 3; Programa de Fortalecimiento de Vínculos Familiares; y Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).

La jornada tuvo el propósito de capacitar a los agentes estatales que trabajan cotidianamente en la villa con los jóvenes, sobre los alcances del sistema penal juvenil, ante la repetición de situaciones protagonizadas por adolescentes que tienen algún tipo de conflictividad con la ley penal. El taller fue pensado a partir de la solicitud hecha al ATAJO por los docentes del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (PAEBYT), dependiente del gobierno porteño, y congregó a todos los efectores estatales que desarrollan su labor funcional en la villa del Bajo Flores.

“El Programa de Acceso Comunitario a la Justicia está destinado especialmente a los jóvenes; queremos tener una actividad permanente con ellos para que no caigan en las madejas de la selectividad penal”, señaló al comienzo Julián Axat, tras la proyección de un video institucional del Programa ATAJO.

Si bien destacó los avances logrados, para el titular del Programa del MPF “el sistema legal de la infancia sigue a medio camino, tiene resabios del patronazgo de la infancia, (porque) después de 26 años desde la redacción de la Declaración de los Derechos del Niño seguimos tratando a los niños como objeto de coerción”. El director de los ATAJOS basó su diagnóstico en su experiencia como defensor oficial de menores en el distrito judicial de La Plata, hasta marzo de 2014.

Durante su exposición, Axat hizo un recorrido por toda la normativa en la materia, desde la Declaración de los Derechos, hasta su incorporación como ley en 1990 y su posterior inclusión como tratado vinculante para todos los jueces y fiscales a partir de la reforma constitucional del año 1994.

“La política para los jóvenes debe ser social, no penal. El Estado debe estar presente a través de políticas sanitarias, administrativas, de promoción y protección de los derechos”, precisó Axat.

CAD: un sensible avance

A su turno, la directora del Centro de Admisión y Derivación (CAD), Laura Demarco, explicó cómo funciona ese novedoso dispositivo estatal que en junio próximo cumplirá tres años, desde su creación tras una resolución conjunta del ministerio de Seguridad de la Nación y el de Desarrollo Social,  a través de su Secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de quien depende el CAD.

Según manifestó Demarco, “desde 2012 los chicos menores de 18 años no pueden ir más a las comisarías”. La disposición que creó el CAD establece que dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los menores detenidos por fuerzas federales tras situaciones de conflicto con la ley penal (ya sea cometiendo un delito o bien por orden judicial), no sean alojados en dependencia policiales, sino derivados directamente al Centro de Admisión y Derivación, donde se les realiza toma de huellas dactilares, averiguación de antecedentes y controles médicos.

“Antes había dos médicos legistas para toda la ciudad; ahora tenemos dentro del CAD un médico durante las 24 horas”, contó Demarco, quien, no obstante, aclaró que “el CAD es un centro de detención, pero que tiene un protocolo. Los chicos no pueden estar allí más de 12 horas”.

La directora del Centro, ubicado en la calle Presidente Perón 2048, entre Junín y Ayacucho, evaluó como un logro que “tenemos discusiones con los secretarios judiciales sobre si el niño detenido en el CAD debe tener tras su egreso un tratamiento penal o no”. Además, contó que tras el ingreso de un joven los funcionarios del CAD se ponen inmediatamente en contacto con sus familiares o referentes (la escuela u otros), para intentar darle la mejor contención posible.

En tanto, la coordinadora de los equipos de intervención del CAD, Cynthia Rodríguez, aportó que “los jóvenes tampoco pueden estar demorados en los móviles policiales durante horas, desde su detención hasta su ingreso en el Centro de Admisión y Derivación, porque eso no tienen nada que ver con el procedimiento”. Ambas funcionarias del CAD remarcaron que en caso de verificarse cualquier tipo de irregularidad en la actuación de las fuerzas de seguridad federales, el Centro actúa en forma inmediata.

Las preguntas de los agentes estatales

Los funcionarios a cargo de la capitación debieron responder decenas de preguntas formuladas por los trabajadores de los diferentes Programas y dispositivos estatales de intervención en las villas. Algunas de ellas evidenciaron la presencia de varios mitos alrededor de la ley penal y sus alcances. “Una vez que el joven sale del CAD, ¿sigue el proceso penal?”, preguntó un docente. “Cuando los jóvenes de entre 16 y 18 años que tienen alguna condena, cumplen los 18, ¿se termina automáticamente el proceso?”, requirió una trabajadora social.

La cantidad y el tenor de los interrogantes dieron cuenta de la necesidad de un nuevo encuentro, destinado exclusivamente a responder preguntas, evacuar dudas y despejar fantasmas, porque “si los chicos y sus padres no saben, a veces situaciones menores de conflicto con el sistema penal pueden terminar agravándose”, explicó Demarco.