18 de agosto de 2019
18 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Seguridad social
Tras una intervención de ATAJO, Anses reglamentó la pensión no contributiva para madres de siete hijos
La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Tras el acto administrativo, las madres con siete hijos volverán a percibir el beneficio que establece la ley 23.746, cuya ejecución estaba en suspenso desde octubre de 2017, cuando un decreto del Poder Ejecutivo modificó la operatoria.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dictó la reglamentación para la implementación de la prestación no contributiva vitalicia para madres de siete hijos, que se encontraba pendiente desde octubre de 2017. La medida fue tomada tras una presentación ante el organismo realizada en forma conjunta por la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF (ATAJO) y la fiscalía federal Nº 1 del fuero de la Seguridad Social, a cargo de Julián Axat y Gabriel de Vedia, respectivamente. La reglamentación fue publicada en el boletín oficial a través de la Resolución 266/2018, con fecha 28 de diciembre de 2018.

La Ley N° 23.746 instituyó para las madres que tuviesen siete o más hijos, cualquiera fuese la edad y estado civil, el derecho a percibir una pensión mensual, inembargable y vitalicia. Dicha ley fue reglamentada por el Decreto N° 2360/90, disponiendo, entre otras cuestiones, que para el otorgamiento de las pensiones para madres de siete o más hijos, es requisito no poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos, con capacidad económica suficiente para proporcionarlos en un importe igual o superior al de la pensión.

Por Decreto N° 746/17 se transfirió a partir del 1° de octubre de 2017 a la Administración de la Seguridad Social, dependiente del Poder Ejecutivo, las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación y pago de las prestaciones no contributivas que hasta la fecha se encontraban a cargo de la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. En simultáneo, el decreto N° 868/17 estableció que en relación a las pensiones no contributivas transferidas, la ANSES dictaría las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación y que asimismo, en el marco de las facultades que le son propias, efectuaría los controles necesarios para la aprobación, registración, liquidación y puesta al pago de los beneficios transferidos.

Esta reglamentación, necesaria para que el derecho se haga efectivo, estaba en suspenso desde el traspaso, lo que impedía que las madres de siete hijos pudiesen acceder al beneficio, privándolas de un ingreso fundamental para el núcleo familiar en estado de vulnerabilidad.

Por tal motivo, la Dirección General de Acceso a la Justicia se presentó ante la ANSES, en virtud de la afectación que esta situación generaba en una persona con siete hijos, en alto grado de vulnerabilidad, y aportó documentación que certificaba la situación. La presentación obedeció los lineamientos generales de la Ley 27.148, que designa al Ministerio Público Fiscal de la Nación como el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y que tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República es parte, procurando el acceso a la justicia de todos los habitantes.

Bajo estas premisas, se observó que se trataba de un supuesto de omisión constitucional por parte de la autoridad administrativa al no dictar el reglamento y, por lo tanto, impedir el ejercicio de un derecho humano esencial, no sin antes aclarar que si bien el dictado de una política pública en materia de seguridad social es una cuestión que excede el ámbito de una posible revisión judicial, también lo es que tales políticas deben implementarse sin vulnerar los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente.

Según la presentación, dicha omisión en la reglamentación configuraba una inconstitucionalidad, pues es obligación del Estado –por caso, el organismo previsional- reglamentar normas que prescriban una conducta cuando esa omisión hace imposible el cumplimiento de un derecho, ello según la doctrina establecida por  jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el escrito, los firmantes hicieron referencia a la doctrina de prestigio que establece que "cuando la Constitución ordena a un órgano de poder el ejercicio de una competencia, ese órgano está obligado a ponerla en movimiento”, en tanto que “que cuando omite ejercerla, viola la Constitución por omisión, en forma equivalente a como la vulnera cuando hace algo que le está prohibido..."  (conf. Bidart Campos, en "La Justicia Constitucional y la inconstitucionalidad por omisión", en ED 78-785).

Bajo este entendimiento, los representantes del MPF hicieron saber que el Estado tiene como uno de sus objetivos principales la protección de los ciudadanos y ciudadanas garantizando las prestaciones de la Seguridad Social, priorizando la atención de las familias que presentan mayor vulnerabilidad. En este sentido, la plataforma normativa que soporta dicho sistema surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dispone que “Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. Asimismo, dicho derecho social se encuentra contemplado en diversos instrumentos con jerarquía constitucional, conforme lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

En virtud de esta reglamentación, la pensión no contributiva para madres de siete hijos vuelve a estar disponible y el derecho puede ser exigido de acuerdo lo establecido por la ley.