Al mediodía del jueves 11 de febrero, funcionarios letrados de la Dirección General de Acceso a la Justicia se hicieron presentes en la villa Rodrigo Bueno, a fin de recibir las denuncias que vecinos de ese barrio realizaron respecto de un operativo policial contra feriantes llevado a cabo en horas de la mañana, por orden del gobierno porteño. Ayer las actuaciones fueron remitidas a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), para que el fiscal general Miguel Palazzani, a cargo de esa dependencia especializada, evalúe los pasos a seguir.

En total fueron cuatro los testimonios recibidos, que dieron cuenta de la situación que aqueja a un centenar de familias ante la posible pérdida de su única fuente de ingresos. En todos los casos se trató de feriantes, que trabajan diariamente en puestos de comida ubicados sobre la avenida España al 1800, a las puertas del ingreso a la villa.

Los damnificados fueron coincidentes a la hora de relatar lo sucedido. Según expresaron, el operativo se inició a las 6 de la mañana y fue ejecutado por personal de la Policía Metropolitana. Sin esperar la llegada de los titulares de los puestos de venta, los agentes habrían dado la orden de actuar a quienes conducían “una especie de topadora que venía tirando todo y rompiendo los carros de las demás vecinos”.

El operativo incluyó la destrucción de 40 puestos de venta, el trato violento al menos a una mujer embarazada, y el decomiso de garrafas, congeladoras, cocinas, microondas, freezers, freidoras, vajilla, anafes, parrillas tambor, mesas, sillas y exhibidoras. Según dijeron los denunciantes, quienes condujeron el procedimiento se negaron a exhibir órdenes judiciales que habiliten su accionar. “Nos decían que no es necesaria la orden judicial porque estábamos ocupando ilegalmente el lugar”, refirió un vecino.

En algunos casos, los bienes secuestrados fueron dañados durante el operativo. Los denunciantes aportaron copias de las actas de secuestro confeccionadas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, señalaron, no contienen en varias de ellas el detalle de lo incautado. “Me entregaron un acta, donde consta únicamente que tenía un puesto de comida, pero no todo lo que perdí”, relató otro de los damnificados.

En sus exposiciones, los vecinos dejaron asentado que su mayor preocupación es cómo recuperar los bienes decomisados y saber ante quién debían reclamar por los objetos destruidos.

Por su parte, los operadores de ATAJO pudieron constatar que el procedimiento estuvo a cargo de Daniel Sbora, funcionario de la Dirección general de Inspección de Uso del Espacio Público porteña, quien actuó con el acompañamiento del Subcomisionado de Investigaciones de la Policía Metropolitana, de apellido Taborda.

Desde el mayo del año pasado, y a razón de una vez a la semana, la unidad de atención móvil de ATAJO atiende las demandas jurídicas y de todo tipo de los habitantes de ese asentamiento, ubicado en Costanera Sur, detrás de Puerto Madero, en el predio que se extiende entre la Reserva Natural y la ex Ciudad Deportiva de Boca. En la villa Rodrigo Bueno viven más de 3400 personas. Al igual que en los demás barrios de similares características, la Dirección de Acceso a la Justicia relevó problemas de cloacas, deficiente cableado eléctrico, construcciones sin ningún tipo de control, e inundaciones, entre otros. La desocupación y la informalidad laboral son habituales entre sus vecinos.