06 de febrero de 2023
06 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Curso organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF
Impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el derecho penal
El ciclo ahondará sobre las incidencias del nuevo Código sobre el derecho penal, su orientación en derechos humanos, principios de igualdad y no discriminación, niñez y adolescencia, y sobre el reconocimiento de diversas formas de vivir en familia.

“El nuevo Código se inserta en la realidad actual de la Argentina y tiene miradas que antes no estaban porque ajusta sus criterios y la interpretación de sus contenidos a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de Derechos Humanos de los que la República es parte”.

Así abrió la docente Marisa Herrera el ciclo de capacitación  “El impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el derecho penal” orientado a magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal.

Organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, el curso tendrá cinco encuentros en los que se capacitará en distintos aspectos del Código que tienen incidencia sobre el derecho penal. También, participarán como docentes Natalia de la Torre, Gustavo Caramelo, Gabriel Lerner y Federico Notrica.

Herrera fue la única oradora del primer encuentro realizado días atrás en el que resaltó que “la obligada perspectiva de derechos humanos ha significado una verdadera revolución en los diferentes subsistemas que integran la sociedad, cuyo eje central es la persona humana y la satisfacción de sus derechos”.

Otro de los cimientos sobre el cual se elaboró el CCyC, es la igualdad, mencionó: “Los pilares sobre los que se edifica son el principio de igualdad y no discriminación, el de libertad e intimidad, el principio de realidad, el reconocimiento de diversas formas de vivir en familia”, dijo.

Derecho penal y derecho civil de la familia

El cruce entre el derecho penal y el civil respecto de la familia tiene dos grandes ejes o ámbitos, afirmó la docente: “la relación entre adultos centralizada/atravesada por la obligada perspectiva de género y la relación con las personas menores de edad centralizada/atravesada por el interés superior del niño y el principio de autonomía progresiva”, explicó.

Sobre la perspectiva de género, puntualizó la importancia del proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria en femicidios y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

Respecto de la implementación de los derechos del niño durante la adolescencia, la docente remarcó que si bien la Convención sobre los Derechos de los Niños reconoce los derechos de todas las personas menores de 18 años, la aplicación de ellos debe tener en cuenta el desarrollo de los niños y sus capacidades en evolución.

“Los enfoques adoptados para asegurar la realización de los derechos de los adolescentes difieren significativamente de los adoptados para los niños más pequeños”, sostuvo.

El Comité de los Derechos del Niño -el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño-,  agregó Herrera, observa que el potencial de los adolescentes está ampliamente comprometido porque los Estados partes no reconocen ni invierten en las medidas necesarias para que puedan disfrutar de sus derechos.

Los datos desagregados por edad, sexo y discapacidad, dijo, no están disponibles en la mayoría de los países para informar sobre políticas, identificar brechas y apoyar la asignación de recursos apropiados para adolescentes. Las políticas genéricas diseñadas para niños o jóvenes a menudo no abordan a los adolescentes en toda su diversidad y son inadecuadas para garantizar el ejercicio de sus derechos.

Los costos de la inacción y el fracaso son altos: “los fundamentos establecidos durante la adolescencia en términos de seguridad emocional, salud, sexualidad, educación, habilidades, resiliencia y comprensión de los derechos tendrán profundas implicaciones, no sólo para su desarrollo individual óptimo, sino también para el presente y futuro desarrollo social y económico”, concluyó.

El programa del ciclo incluye, entre otros temas, la interacción entre el Código Civil y Comercial y el derecho penal en materia de salud mental, los cambios en materia patrimonial y su incidencia en el derecho penal, la violencia de género, y los delitos en el campo del derecho de las familias desde una perspectiva renovada.