La fiscal general Fabiana León, a cargo de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, rechazó hoy los planteos de las defensas que representan a 68 de las personas imputadas en la causa denominada “Cuadernos” y sus acumuladas “La Camarita”, “Corredores Viales” y “Trenes”. En el debate se juzga a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, por liderar, organizar o conformar -de acuerdo a cada caso- una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

La representante del Ministerio Público Fiscal expuso en la audiencia celebrada hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. León respondió de forma integral y con el objeto de garantizar la continuidad del debate y su normal desarrollo, las cuestiones preliminares planteadas por 55 defensas que representan a 68 de las personas imputadas.

Por su parte, el abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), también respondió los planteos y pidió que sean rechazados.

Durante cinco audiencias desarrolladas luego de que se reanudará el debate tras la feria judicial, las defensas presentaron sus cuestiones preliminares, que se centraron en la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para intervenir en el proceso, la constitucionalidad y aplicación del régimen del imputado colaborador previsto en la Ley N°27.304 y la nulidad de distintos actos procesales, a fin de obtener el sobreseimiento de sus asistidos.

El debate continuará el próximo martes 10 de marzo, cuando el tribunal dará a conocer su decisión sobre los planteos oportunamente presentados.

El fin de la persecución de los investigadores y juzgadores

En su intervención, la fiscal general León postuló el rechazo de los planteos presentados por 55 de las defensas que representan a 68 de las personas imputadas.

Recordó que, durante los últimos siete años, hasta que comenzó el debate, se toleraron “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral, que es la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones”.

Agregó que “esos obstáculos son reeditados, nuevamente, en un intento vano de evitar la puesta en conocimiento, por parte de la sociedad completa, de los hechos que, sostenemos los acusadores, ha acontecido y la forma en que ellos han ocurrido; que podamos mostrar las pruebas, que podamos sostener nuestros argumentos en la forma correcta”.

León también destacó como “sorprendente” que muchos de los abogados que “son promotores de la publicidad de los juicios, ahora quieren que no se resuelva un juicio oral y se resuelvan las cuestiones a puertas cerradas”.

Por otra parte, habló de “inversión de términos” que “se refiere a contestar esta pregunta: ¿A quién se juzga? ¿Quiénes son los que están juzgados en este debate? ¿Es la Justicia Federal o son las personas que se encuentran imputadas, por existir una sospecha de la comisión seria de delitos contra el Estado nacional?”. Para la representante del MPF, “esa etapa de perseguir a los funcionarios que investigamos los hechos y los llevamos a juicio, se terminó”.

La fiscal objetó “la utilización del sistema, de la estrategia de la contracausa”. En tal sentido, sostuvo: “Acá la pregunta es ‘¿quién juzga?’” y destacó que se hayan montado “escenarios de cartón, sin correspondencia alguna con las constancias de la causa” y desde las cuales “se permitió afirmar una cantidad de cuestiones que no son ciertas, no son constatables”. Enfatizó que “sustituir el juicio, como método de apreciación de la prueba, por el juicio de otro tribunal, en esta causa, es otra estrategia que ha fracasado”.

La representante del Ministerio Público Fiscal también cuestionó la postura de las defensas de algunos imputados colaboradores, respecto de los acuerdos oportunamente celebrados. “Ahora los abogados vienen a denunciar el acuerdo. La fiscalía encantada. Iremos con la pena completa. Sin van a denunciar el acuerdo, bueno, el acuerdo se retira”.

En cuanto al pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli —quien tuvo a cargo la instrucción—, la fiscal general Léon señaló que las defensas pretendían “trasladar al incidente una discusión de mérito y usarla para una nulidad máxima”, lo que ya fue planteado previamente y rechazado por el tribunal y la Alzada.

“No hay imposibilidad de defenderse, hay una controversia sobre la valoración de la prueba. Por eso es necesario abrir el debate”, recalcó la fiscal general.

Foto: captura de Zoom

Pasadas las 13, se dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos, tras lo cual, el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz continuó con la alocución de la fiscalía y postuló el rechazo de los planteos defensistas acerca de la imposibilidad de doble tratamiento de un mismo hecho, la existencia de cosa juzgada -en referencia a la causa “Vialidad”-, de recursos pendientes de resolución y la prescripción de la acción penal por transcurso del tiempo.

Luego, León retomó la palabra y sostuvo que “bajo el rótulo ‘arrepentido’ las defensas formulan un ataque integral al régimen previsto por la Ley 27.304 y su aplicación en la causa. No señalan un acto aislado con vicio propio, sino que combinan objeciones constitucionales, cuestionamientos formales, críticas a la credibilidad. Y de esa forma, intentan que en esta etapa intermedia se defina una cuestión que, nuevamente, remite a la producción y valoración de prueba que son propia del debate”.

La fiscalía también pidió el rechazo del planteo sobre la supuesta coacción que denunciaron algunos imputados colaboradores y señaló que había “nulidades por hipótesis”, añadió que “bajo la etiqueta de extorsión las defensas alegan un contexto de presión, que imputados habrían declarado o reconocido hechos por temor a quedar detenidos u obtener morigeraciones” y concluyó que pretendían “sustituir la carga del incidente por una narrativa” y tornarla “en una discusión de credibilidad y valoración probatoria del juicio”. En esa línea, concluyó que correspondía rechazar “in limine” cualquier planteo que pretendiese “la nulidad global o la exclusión automática de legajos o declaraciones de colaboradores por el solo hecho de su incorporación por lectura”.

“Las defensas que intentan derribar acuerdos o de gravar el régimen, invocando coacción por cautelares, se enfrentan a un problema circular que es su propio comportamiento precedente y la falta de contemporaneidad del agravio. Si el vicio era real, y hablamos de los abogados más lucidos del país, el carril existía entonces: impugnaciones, Cámara, registro del acto, planteo oportuno”, sostuvo la fiscal general.

Agregó que “si el imputado, con asistencia letrada, se incorporó al régimen, obtuvo beneficios y no dejó asentada la objeción concreta, de forma o coacción, la nulidad posterior no puede basarse en un clima, en el temor, en la disconformidad retrospectiva, años después. Esto no satisface el baremo apto regla-perjuicio y no supera la convalidación”.

Posteriormente, el fiscal coadyuvante Codromaz, se expidió sobre los planteos manifiestamente inadmisibles por reiteración o improcedentes por falta de objeto procesal o por estricta valoración probatoria.

Al cerrar la exposición del MPF, León pidió que se declaren “inadmisibles los planteos que no superan el umbral de esta etapa y disponer el diferimiento a sentencia de todo aquello que exige la producción y valoración probatoria propia del juicio”.

La respuesta de la UIF

Antes de la exposición de la fiscalía, la jornada había comenzado pasadas las 9, cuando, tras constatar la presencia de las partes, el juez Méndez Signori le cedió la palabra a la defensa del exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez, Laura Fechino. La abogada solicitó que se tratara el planteo de apartamiento de la UIF previo a resolver todos los demás cuestionamientos.

Luego, comenzó la exposición del abogado Galpern, quien señaló que las defensas solicitaron “la anulación absoluta de toda la causa” y eso “requiere algo más que afirmaciones enfáticas”. El representante de la UIF continuó con su planteo de rechazo a lo peticionado por las defensas que estructuró de acuerdo a los siguientes objetos: la legitimidad estructural del proceso, la competencia del organismo para formular la acusación, la prueba a producirse en el debate, la extinción de la acción penal por prescripción y otros planteos que, a su entender, no correspondían a cuestiones preliminares previstas en el Código Procesal.

“Las nulidades no se fundan en matrices narrativas, no se fundan en hipótesis mediáticas, en expresiones altisonantes, se fundan en violaciones concretas de garantías. Acá no se ha demostrado ni inexistencia del hecho, ni falta de limitación del objeto procesal, ni afectación actual del derecho de defensa, ni nulidad prevista expresamente por ley. Lo que se intentó fue trasladar al plano de la nulidad, lo que en realidad es materia de debate”, destacó Galpern.