La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) efectuó una denuncia imputando al exinterventor de la ex Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y a otros funcionarios, tras haber analizado dos convenios de compra directa por especialidad -firmados en 2016 y uno de ellos rescindido en 2017- y un memorándum de entendimiento que a la postre fuera declarado nulo por las groseras irregularidades que presentaba.

El caso se inició en la PIA a partir de la denuncia formulada en ese organismo por el representante legal de la firma Bersa SA. Así, la procuraduraduría especializada inició una investigación en los términos del artículo 27 de la ley 27.148, Orgánica del MPF, y tras recoger elementos probatorios promovió las actuaciones judiciales, que tramitarán en el Juzgado Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el número de expediente CFP7844/2021, con la intervención de la Fiscalía Federal N° 4.

De acuerdo con la denuncia, firmada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, la auxiliar fiscal Daniela Pérez y el auxiliar fiscal Gabriel Quintana Landau, varios de los elementos advertidos en el análisis permitieron sostener que habría existido por parte de las autoridades de la ex DGFM una voluntad negocial con la empresa extranjera para adquirirle las armas a través del procedimiento de compra directa, en el cual, más allá de las irregularidades administrativas, se advirtió que los precios abonados por las 15 mil pistolas acordadas eran superiores al declarado por otros importadores de ese producto.

En ese marco, se celebró un memorándum de entendimiento en el cual no sólo se simuló que se iba a transferir la licencia de fabricación y comercialización de un sistema de armas portátiles, que incluía la transferencia de tecnología, capacitación y equipamiento -sin perjuicio de lo cual, sólo culminó acordando el suministro de armamento-, sino que para ello se trató a la firma Fabbrica D’Armi Pietro Beretta S.p.A. como si fuera un Estado extranjero.

La investigación llevada adelante por la PIA y ahora judicializada logró determinar que el armamento efectivamente recibido por parte de la empresa italiana fue revendido al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los de las provincias de La Pampa y San Juan a precios que superaban ampliamente los valores pagados por la ex DGFM. Esos montos no se correspondían a los informados a la Dirección General de Aduanas por los importadores minoristas.

Así, la Procuraduría denunció las presuntas negociaciones incompatibles por parte de distintas autoridades de la ex DGFM para la compra de las pistolas 9mm Beretta PX4 Storm a la firma Fabbrica D’Armi Pietro Beretta S.p.A, como también su posterior reventa a distintos gobiernos locales.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se extendió la imputación al ex ministro de Seguridad y Justicia de ese distrito. En relación a la intervención de las autoridades de la provincias de La Pampa y San Juan se requirió la profundización de la investigación.