20 de abril de 2021
20 de abril de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Un operativo en el que policías federales requisaron a estudiantes universitarios
Solicitan que se revise la implementación de las resoluciones internas del Ministerio de Seguridad en un sumario por presunto abuso policial en La Pampa
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas comunicó a la titular de esa cartera, al jefe de la fuerza y a la fiscalía federal de Santa Rosa las deficiencias detectadas en el sumario a un grupo de policías federales. El hecho ocurrió en la vereda de una sede universitaria, cuando los estudiantes tomaban mate.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, puso en conocimiento de la Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, de la Jefatura de la Policía Federal y de la Fiscalía Federal de Santa Rosa las observaciones que realizó en el sumario administrativo seguido a un grupo de efectivos de aquella fuerza de seguridad por presuntas irregularidades durante su actuación en el marco de un operativo de “control poblacional” realizado el 28 de septiembre de 2019 contra un grupo de ocho estudiantes que estaban tomando mate en la vereda de una sede de la Universidad Nacional de La Pampa, en la ciudad de General Pico.

En su dictamen, la PIA marcó la necesidad de revisar la correcta implementación de las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, luego de advertir serias deficiencias en el control realizado por el funcionario a cargo de la instrucción del sumario.

El inicio de las actuaciones administrativas fue impulsado desde la misma fuerza, por la Superintendencia de Asuntos Internos e Inspectoría General, a raíz de la fuerte repercusión mediática de los hechos y las quejas pertinentes de las autoridades de la Universidad. Los involucrados son agentes asignados a la División Antidrogas de la ciudad de General Pico.

Del informe remitido a la PIA surge que “sin identificarse personalmente y sin expresar motivo o razón alguna, [los efectivos] obligaron a los y las estudiantes a ponerse de pie, les ordenaron en fila uno al lado del otro, y seguidamente palparon solo a los estudiantes varones, con modos muy bruscos, les sacaron y revisaron las billeteras, les pidieron los documentos y les hicieron abrir las mochilas. Les preguntaron si estaban 'enfierrados' y si 'tenían falopa'”.

La PIA puso de relieve que el sumario administrativo consideró legítimo el accionar policial en el marco de una resolución ministerial publicada días después del hecho.

El instructor del sumario, labrado el pasado 20 de enero, consideró la existencia de un marco normativo que a su juicio legitimó lo actuado por los agentes policiales en referencia a la resolución ministerial 845/2019 que creo el programa “Ofensores en Trenes”, mediante la cual se habilitó a la intercepción de personas en la vía pública por parte del personal policial, con el objeto de identificarla con fines preventivos.

Sin embargo, el informe elevado por la PIA advierte que son varios lo motivos por los cuales no se aplicaría esa resolución ministerial, entre ellos que no explica razonablemente los fundamentos del accionar en cuestión, que los hechos analizados no suceden en la “estación del tren” ni en sus inmediaciones, y que la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución invocada -3 de octubre de 2019- es posterior al operativo policial, realizado el 28 de septiembre.

Asimismo, la PIA destacó que al momento de la instrucción del sumario administrativo donde se justifica el accionar policial, la Resolución Ministerial 845/2019 ya había sido efectivamente derogada en diciembre, con elocuentes argumentos descalificadores basados en la criminalización de los trabajadores, el incremento de la disposición de criterios de selección y discriminación en manos de los funcionarios policiales, en contradicción con los estándares de seguridad democrática.

Por esos motivos, la Procuraduría advirtió que la valoración efectuada por el informe recorta en forma ostensible y arbitraria cualquier dato que ponga en duda la legitimidad del accionar policial, y que este déficit no puede pasar desapercibido por parte de la máxima autoridad administrativa, a los fines de encarar los procesos necesarios para su corrección como reiterada y sostenidamente lo viene reclamando la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, la PIA remitió a la Jefatura de la Policía Federal las actuaciones realizadas, dió intervención a la fiscalía federal de la jurisdicción y puso en conocimiento de la Ministra de Seguridad de la Nación las observaciones efectuadas a los fines que se implementen los cursos de acción correspondientes, para las correcciones de las políticas institucionales cuyas deficiencias se advierten en el caso.