24 de septiembre de 2020
24 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por videoconferencia
DOVIC participó de la II reunión de trabajo de actualización de las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos
El encuentro tuvo por finalidad una revisión del enfoque y los alcances conceptuales de las nuevas Guías. Participaron representantes de diferentes Ministerios Públicos de Iberoamérica.

La titular de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy, y la secretaria ejecutiva de esa Dirección, María Teresa Bravo, junto a María Carrizo, integrante de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, participaron de la II reunión de trabajo en el marco de la actualización de las Guías de Santiago sobre Protección de  Víctimas y Testigos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

El encuentro, realizado el 29 de julio, se concretó por videoconferencia y tuvo como finalidad realizar una revisión del enfoque y los alcances conceptuales de las nuevas guías sobre las que se viene trabajando desde marzo de este año. El cónclave reunió a un grupo de trabajo conformado por representantes de los ministerios públicos de Chile, Ecuador, Portugal, Paraguay y Uruguay (responsable de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo), la experta Elena Domínguez, fiscal de España. En esta oportunidad participó por Eurosocial+, Luisa Domínguez.

Durante el encuentro se analizaron los capítulos y se consensuaron las modificaciones de conceptos técnicos en base a los insumos proporcionados por la experta Elena Domínguez. También se delineó la agenda de trabajo para los próximos meses con el objetivo de concretar la presentación del documento final en la próxima Asamblea General de la AIAMP.

Las Guías de Santiago sobre Protección a Víctimas y Testigos fueron aprobadas por la AIAMP en julio de 2008. En  2018 la asamblea decidió iniciar un proceso que, en su primera etapa, se orientó a conocer su efectiva aplicación en la región y la incidencia en los procesos judiciales. En base a los resultados obtenidos surgió la necesidad de su revisión y actualización con el objetivo de que las guías se constituyan en una herramienta que ayude a los ministerios públicos a llevar adelante una política de abordaje y protección a las víctimas y testigos que se traduzca en un eficaz acceso a la justicia.