“Después de 14 años llegó el momento de determinar parte de las responsabilidades de aquella jornada que todavía enluta la vida política de la nación”: con esas palabras comenzó su alegato la fiscalía en el juicio por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó cinco muertes y centenares de heridos en la Ciudad de Buenos Aires.

Al inicio de su exposición, el fiscal Mauricio Viera hizo una serie de consideraciones. La primera de ellas fue que “el equipo de fiscales es consciente del largo tiempo transcurrido y que varios de los hechos siguen en trámite en la etapa de instrucción”, por lo que “hay evidencia de que las víctimas de lesiones y severidades” son muchas más que las 117 que son juzgadas en este debate, iniciado en marzo del año pasado. “Y tampoco pasa por alto que en la etapa de instrucción -en la que intervinieron dos jueces y dos fiscales federales- la división de actuaciones en varios legajos puede haber complejizado y traído confusión”, continuó.  El equipo de fiscales que comenzó a intervenir poco tiempo antes del inicio del juicio debió trabajar con las siete causas que fueron elevadas. “Los mayores perjuicios los tuvo la acusación”, resumió al respecto.

“Ciertas defensas insistieron en que un complot político-partidario habría sido el responsable de las muertes, y otras que luego un complot judicial y de los fiscales con causas armadas. Pero estos integrantes del Ministerio Público Fiscal que tengo el honor de coordinar -en referencia al fiscal Santiago Vismara y los fiscales ad-hoc Mariano Domínguez y José Piombo, junto a Gabriel Páramos y Alejandra Pérez- tiene en claro que no es un juicio por interés político”.

A continuación, adelantó cómo se estructurará la exposición a lo largo de las al menos cinco audiencias previstas para el alegato: en primer lugar, se abordarán los hechos en la zona de la Avenida de Mayo y 9 de julio, en los que resultaron gravemente lesionados Marcelo Dorado y Sergio Sánchez,  y que tiene por imputado a Víctor Belloni; los homicidios de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón -cuya responsabilidad culposa se ventila en el juicio, ya que la investigación respecto de los autores directos continúa en la etapa de instrucción; el de Gustavo Benedetto, a metros de la sede del banco HSBC -por el que Omar Bellante es juzgado por encubrimiento-; los sucesos en el cruce de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia contra Carlos Loforte y Jorge Toma; el crimen de Alberto Márquez y las graves heridas causadas a Martín Galli y Paula Simonetti, por el que están acusados varios miembros del departamento de Control de Integridad Profesional; luego habrá una enumeración de todas las lesiones (117) culposas que se le atribuyen al secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de la Alianza, Enrique Mathov; al jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos; al director general de Operaciones de esa fuerza, Norberto Gaudiero, y al superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi; tras ello la fiscalía dará a conocer sus conclusiones y el pedido de sanciones.

En la audiencia de hoy, Viera consideró acreditado que el 20 de diciembre, alrededor de las 16, Dorado y Sánchez fueron heridos con postas de plomo provenientes de la escopeta Browning 2000 manipulada por el entonces oficial principal Víctor Belloni, quien habría efectuado los disparos desde Avenida de Mayo y Tacuarí, en dirección a la 9 de Julio. Dorado recibió tres impactos -en el tórax, en un muslo y en el cuello- mientras intentaba cruzar la avenida en dirección a Retiro, en tanto que a Sánchez el perdigón le produjo lesiones en el cráneo cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda roja, “tipo enduro”.

El representante del Ministerio Público Fiscal enumeró los elementos probatorios que dieron cuenta de la responsabilidad del agente policial, entre las que se destacan una filmación de Canal 13 y fotografías que lo muestran disparando y luego a Dorado herido; los testimonios del propio camarógrafo -que dijo sentirse “afortunado” por no ser baleado-, de varios colegas que lo identificaron y de testigos que estaban en el lugar. En ese sentido, el fiscal señaló además que agentes que estuvieron en el lugar  lo identificaron como quien ostentaba “la mayor jerarquía” y “ordenaba cuándo avanzar y cuándo retroceder”. Asimismo, desechó la versión del acusado -que indicaba que en ese horario se encontraba en la Plaza de Mayo- en virtud de que ningún testimonio lo corrobora, e incluso un registro fílmico del canal 4 -es decir, del canal policial- muestra a las 16:19 al que sería su grupo todavía sobre la avenida.

Antes del alegato de la fiscalía había concluido el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El abogado Rodrigo Borda solicitó que Mathov y Santos sean condenados a cinco años de prisión, y penas de cuatro años y medio y cuatro años y tres meses para Andreozzi y Gaudiero, respectivamente.

El debate oral y público que se lleva a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 se reanudará mañana por la mañana. El viernes también habrá audiencia.