El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, integrado por José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Anzoátegui; decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 19 de marzo a las 9:00 en el juicio donde se juzga la represión ocurrida en Plaza de Mayo y sus alrededores los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Allí, contestarán las cuestiones preliminares planteadas por la fiscalía, las querellas y algunas de las defensas.

Durante la audiencia de hoy, los representantes de los familiares de Gustavo Benedetto, a cargo de la ex defensora del Pueblo Alicia Pierini, contestó un planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio del ex subcomisario Omar Bellante. Sostuvo que en ninguna otra oportunidad de las que tuvieron a lo largo de la causa, la defensa planteó algún reparo sobre el escrito.

"Tuvieron la posibilidad de ejercer todas las tácticas defensivas. Esta querella está lejos de querer vulnerar alguna garantía procesal", sostuvo Pierini y recalcó la dificultad para construir y llevar a adelante un juicio donde los hechos ocurrieron hace 13 años.

Cabe recordar que la fiscalía no pudo expedirse sobre esta nulidad, ya que la defensa de Bellante dijo que al fiscal no le correspondía expresarse porque no es una "parte interesada". El Tribunal le dio la razón durante la audiencia pasada.

Mauricio Viera expresó que harán reserva del recurso de Casación y quedaron a la espera de la decisión del Tribunal. Antes, había ratificado su rechazo a las nulidades por prescripción que presentaron las defensas de los principales acusados. El fiscal alegó que "no se han violado ningún tipo de garantías", en cuanto al tiempo transcurrido.

En diálogo con Fiscales, Viera expresó que la decisión del Tribunal de considerarlos parte no interesada en cuanto a la nulidad de un requerimiento de elevación a juicio es llamativa. "¿Cómo la fiscalía no va a ser parte interesada si tiene como deber no sólo la persecución penal, sino también la obligación de velar por la legalidad del proceso?", dijo el representante del Ministerio Público.

Las cuestiones preliminares pendientes

Además de lo planteado en la audiencia de hoy, el Tribunal Oral N°6 debe decidir sobre el apartamiento del abogado Virgilio Loiácono, a cargo de la defensa del ex jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Jorge Santos, solicitado por la fiscalía y las querellas. El pedido se sostiene en que Loiácono está aceptado como testigo en el juicio, ya que fue secretario Legal y Técnico durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

También debe definir si rechaza, como lo solicitó el Ministerio Público, el planteo de prescripción por plazo razonable que presentaron las defensas de ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, del ex jefe de operaciones Norberto Gaudiero y de Santos. Otro pedido de las defensas de los policías acusados fue el de sobreseerlos del delito de "lesiones".

La causa

El 19 de diciembre de 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio por treinta días. La Constitución establece que deben especificarse qué garantías se suspenden y qué territorio estaba abarcado por la medida, sin embargo el ex mandatario no detalló esos datos en el decreto.

Entonces, se desplegó en la Ciudad de Buenos Aires un operativo represivo que incluyó personal de Infantería, policías a caballo, carros de asalto e hidrantes. Las protestas concluyeron con la renuncia de De la Rúa. En el juicio, se juzgará a los responsables por las muertes de Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y de más de 100 heridos, algunos de ellos de gravedad, como Paula Simonetti y Martín Galli.

Los acusados son: el ex Secretario de Seguridad de la Nación Enrique Mathov; el ex jefe de la Policia Federal Argentina (PFA) Rubén Jorge Santos; al ex Jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, Raúl Andreozzi y al ex Jefe de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza, Norberto Gaudiero por los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, homicidio culposo en cinco casos y lesiones culposas en 116 casos.

El segundo grupo de imputados está integrado por los oficiales de la Policía a quienes se atribuyen, puntualmente, algunos de los homicidios (consumados o tentados), lesiones, vejaciones o encubrimientos durante los operativos.

Ellos son: Orlando Oliverio (por entonces comisario inspector), Carlos José López (ex subcomisario), Eugenio Figueroa (ex principal); Roberto Juárez (ex sargento primero), Gonzalo Firpo Castro (ex agente), Norberto Sabbino (ex inspector), Sebastián Saporiti (por entonces auxiliar), Horacio Berardi (ex auxiliar), Mario Seia (ex principal); Víctor Belloni, Omar Bellante (por entonces subcomisario), Carlos Loforte y el ex subcomisario Jorge Toma.

Se calcula que alrededor de 600 testigos pasarán por el juicio, que incluirá a víctimas de la represión y a sus familiares. Según estima la fiscalía, el proceso, entre testimonios, indagatorias y alegatos durará más de dos años.