El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov amplió hoy su declaración indagatoria en el marco del juicio por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 produjo la muerte de cinco personas en la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su exposición retomó varios puntos que había abordado a lo largo de cuatro audiencias el año pasado, e hizo hincapié en algunos de ellos “para profundizar”.

Las cuestiones sobres las que más se extendió fueron el desempeño de la jueza y fiscales federales que intervinieron en la etapa de instrucción, la ley de seguridad interior, el dictado del estado de sitio y las tareas que llevó a cabo en el cargo.

En primer lugar, refirió que “se trató de introducir la idea de que en la mañana del jueves 20 de diciembre hubo una reunión en Olivos en el que se diseñó un plan represivo a la que asistí. Fue un artículo absolutamente falso, yo estaba en mi despacho”. Sobre aquél día, dijo que por la tarde, luego de acompañar al todavía presidente Fernando De la Rúa a dar un discurso, el mandatario le preguntó si había muertos en la Ciudad de Buenos Aires. “No sabía y lo llamé a (Rubén) Santos -el por entonces jefe de la Policía Federal y también imputado en el debate- y me dijo que no”. Aseguró también que se enteró de los primeros dos fallecimientos entre las 17:30 y las 18 por un llamado del ministro del Interior Ramón Mestre, pero que aquél no le confirmó “quiénes eran ni dónde fueron”. El titular de esa cartera del Ejecutivo estuvo imputado hasta su deceso en 2003.

“No asumí el control político de la seguridad de la Capital Federal, la ley no dice que pueda hacerlo. Y no impartí ninguna orden a la Policía Federal”, insistió. De todas formas, dijo que ese control estuvo en cabeza de Mestre y la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. “El mecanismo existió, pero los resultados no fueron los queridos”, agregó.

Pero sus cuestionamientos contra la magistrada no terminaron allí: consideró que “tuvo una participación protagónica”, le endilgó que “inventó una competencia territorial de un supuesto corredor entre la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación para investigar los homicidios”, y que “avisó a los medios del impedimento de salida del país” para él y De la Rúa, entre otros, con el objetivo de “encubrir su propia actuación”.

En otro tramo de su declaración le preguntó a los jueces si no les llamaba la atención “que acá no estén por lo menos otros 15 jefes policiales”. Al respecto, manifestó que “se pasó por alto la jerarquía y sólo llegaron acusados tres -en referencia a Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, también acusados- y a los agentes de Asuntos Internos, los más odiados porque investigan a los demás”.

Seguridad Interior

“La ley de seguridad interior no establece que el secretario es el jefe de la seguridad. No puede dar órdenes operativas, sino directivas generales”, consideró respecto de las funciones del cargo que ostentó durante las jornadas que culminaron con las muertes de Alberto Márquez, Marcelo Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y más de un centenar de heridos. En ese sentido, indicó que “la Policía Federal no actúa por delegación del secretario de seguridad, tiene su propia ley”.