El juicio por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 dejó cinco muertos en el centro porteño continuará esta semana con la ampliación de las declaraciones indagatorias del ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, Raúl Andreozzi, y del entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov, previstas para mañana y el viernes, respectivamente. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen Mauricio Viera, Mariano Domínguez, José Piombo y Santiago Vismara.

Andreozzi se había negado a declarar al comienzo del juicio, por lo que se leyó la indagatoria brindada en la etapa de instrucción. En tanto que el ex funcionario de la Alianza había hecho su descargo a lo largo de cuatro audiencias en abril del año pasado, a poco más de un mes de iniciado el debate oral y público.

La semana pasada había hecho lo propio el ex jefe de la Dirección General de Operaciones (DGO) Norberto Gaudiero, quien apuntó contra la responsabilidad de Rubén Santos,  al sostener la idea de que el al momento de los hechos jefe de la Policía Federal Argentina fue quien ordenó el desalojo de la plaza.

En una breve declaración, en la que no aceptó preguntas de las partes ni del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, indicó que el entonces titular de la PFA “insistía con las detenciones”. Asimismo, consideró “inverosímil que Santos diga que no estuvo en la plaza, cuando la orden de sacar a la gente de la calle fue de él”. De esa forma, hizo alusión al periodo en el que Santos adujo estar fuera de la sala de situación por  haber asistido a una reunión en la Casa de Gobierno.

Tanto Mathov, como Santos, Andreozzi y Gaudiero llegaron al debate acusados del delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, lo que derivó en la imputación por “homicidio culposo” de Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos “Petete” Almirón y lesiones culposas a más de un centenar de personas. Los otros 13 imputados son juzgados por su presunta responsabilidad en los homicidios -consumados o en grado de tentativa-, lesiones, vejaciones o encubrimientos realizados horas después del “cacerolazo”.