Los integrantes de la cúpula de la Policía Federal Argentina acusados en el juicio por la represión que el 20 de diciembre de 2001 provocó cinco muertes y decenas de heridos en el centro porteño hicieron uso hoy del derecho a las últimas palabras. Los entonces jefe de la fuerza, Rubén Santos, superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, rechazaron su responsabilidad en los hechos, en tanto que el secretario de Seguridad del gobierno de  Alianza Enrique Mathov prefirió no hablar.

El equipo integrado por los fiscales Mauricio Viera y Santiago Vismara junto a los fiscales ad-hoc Mariano Domínguez y José Piombo, y la asistencia de Gabriel Páramos y Alejandra  Pérez, había solicitado en diciembre pasado cinco años de prisión para Mathov y Santos; tres años y ocho meses para Raúl Andreozzi, y tres años y medio para Gaudiero, por su responsabilidad culposa en cinco homicidios y las lesiones ocasionadas aquél día a los manifestantes.

“A Andreozzi lo elegí por su capacidad. Fue mi mano derecha, aunque por sus palabras no lo haya sentido así”, indicó Santos, que además observó su “profesionalismo” y el de Gaudiero “en esas jornadas”. Sobre aquél día, en el que Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto fueron asesinados,  aseguró que tomó “todos los recaudos”.  “Si algún policía se excedió, deberá ser juzgado por sus actos” agregó. Asimismo, pidió a los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín que para su fallo “midan las consecuencias, lo que puede implicar para la fuerza”, ya que “los violentos y la inseguridad ganaron la calle”. “El efecto negativo se puede ver en la política: La Cámpora manejando el espacio público, hinchas del Deportivo Cali atacando a simpatizantes de Boca a la vista de todos”, comparó.

Luego fue el turno del por entonces superintendente de Seguridad Metropolitana, quien por su parte aseguró que “jamás” impartió “una orden que no se ajustara a derecho”, en tanto aseveró  que las directivas dadas por él durante esa jornada “no devinieron en resultados fatales o lesivos”. Fue el único en solidarizarse con las personas que sufrieron “la pérdida de un ser querido o las secuelas de las lesiones. Deseo que puedan sobrellevarlo”, señaló.

A su turno, el que habló fue Gaudiero. Ayudado por un escrito, sólo indicó que le costaba “considerar a la Policía Federal Argentina como una banda de forajidos que sale a matar”.

Después hizo lo propio el comisario Orlando Oliverio, sobre quien pesa un pedido de pena de 16 años de prisión por su presunta participación al mando de los policías del departamento de Control de Integridad Profesional de Asuntos Internos, cuya actividad fue calificada por el equipo fiscal como “una especie de pelotón de fusilamiento” al disparar escopetas cargadas con postas de plomo que le provocaron la muerte a Márquez y graves heridas a Martín Galli y Paula Simonetti. Oliverio expresó su orgullo “por los hombres que lo acompañaron” y que “jamás hubiera hecho nada” de lo que se le acusa. Finalmente, Víctor Belloni -acusado por la tentativa de homicidio que casi les cuesta la vida a Marcelo Dorado y Sergio Sánchez, por la que la fiscalía requirió que sea condenado a 10 años de prisión- adujo que no estuvo en el lugar al momento del hecho y con ello su inocencia. En consonancia con lo que dijera Santos, consideró que la fuerza de seguridad que alguna vez integró ya “no sale a las calles”.

Restan otras dos audiencias previstas para que los imputados hagan uso de las últimas palabras: una para el 9 de mayo y la última para el 23 de ese mes, jornada en la que el tribunal daría a conocer su veredicto.