01 de febrero de 2023
01 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Investigación de la Fiscalía Criminal de Instrucción N° 24
Agentes de la Policía Federal y abogados procesados por extorsión
Se comprobó que dos miembros de la Federal armaron un expediente falso junto a los abogados de la víctima, para atemorizarla y obligarla a entregar dinero y bienes. La investigación estuvo a cargo del fiscal Sandro Abraldes y se originó a partir de la denuncia realizada por un particular.

El juez de instrucción porteño Omar Aníbal Peralta decretó el procesamiento de cuatro personas por extorsión a un empresario, falsificación y uso de documento público falso. Se trata de Silvio Bellato –de la División Individualización Criminal de la Policía Federal-, Mauro Gabriel Scaglione –de la División Investigaciones Criminales de esa misma fuerza- y los abogados Rodolfo Miguel Iglesias y Cristian Callegari.

La investigación, a cargo del fiscal Sandro Abraldes, se originó a partir de la denuncia realizada por un particular y dilucidó el accionar en connivencia de los procesados.

La resolución del juez establece que los abogados Iglesias y Callegari, quienes conocían la situación patrimonial de la víctima y de su empresa, utilizaron información para sacar un rédito personal. “Así (…), planearon la maniobra con Mauro Scaglione, a quien conocían por haberlo asistido anteriormente en otros procesos, y con Silvio Bellato, conocido de Scaglione de la fuerza policial”, señala el escrito.

Los hechos
El 3 de febrero de 2011, Bellato y una persona aun no identificada se presentaron en la firma de F.P., en La Tablada, con elementos y credenciales de la Policía Federal, para anunciar un allanamiento y secuestro en el lugar. Expresaron que si el juez lo dispusiera, podrían llevarse detenidos al titular de la empresa, a su mujer e hijos; respaldaban esa supuesta orden con los oficios respectivos y un expediente labrado por la Policía. A cambio de no llevar  a cabo el procedimiento exigieron 400 mil dólares. Tal como se comprobó durante la investigación, llegaron al lugar los abogados de la víctima, quienes señalaron que esa orden de allanamiento efectivamente existía, por lo que sugirieron a su cliente que entregue una suma de dinero. Acordaron que les daría 100 mil dólares y su auto.

En los días siguientes se encontraron varias veces en la Capital Federal. F.P. efectivamente entregó su auto, cheques por cien mil pesos y dinero en efectivo en moneda extranjera por un equivalente a doscientos mil pesos. A cambio recibió un expediente con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de Morón; el cual los letrados le sugirieron que lleve a su casa: “Menos mal que pudimos arreglar, sino hubiera sido un dolor de cabeza” dijeron.

Posteriormente, recompró su auto a los extorsionadores con cheques. Y en otra reunión, el policía Scaglione le ofreció un servicio de “protección” para evitar que prosperen los allanamientos, diciéndole “que si no ponía el dinero le iban a seguir las casuas”. La víctima accedió a pagar 4.500 por mes, lo que hizo en 7 u 8 oportunidades.

Las pruebas
En el transcurso de la investigación –en la que el 2 de abril la fiscalía solicitó las detenciones para tomar declaraciones indagatorias, e intervenciones telefónicas- se comprobó la efectiva ejecución del plan. Los cheques y el formulario por el que se cedió la titularidad del auto “reflejan la efectiva ejecución de la primera parte del plan ilícito desarrollado en forma conjunta”, según establece la resolución del juzgado.

Además, se descartó que F.P. registrase una causa en trámite en Morón. En ese sentido, se verificó que ese sumario fue confeccionado en una dependencia de la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, en la que Bellato trabajaba al tiempo de los hechos -al respecto, Abraldes había señalado en la solicitud que el expediente permitía entrever que la persona que lo realizó sabía cómo se hacen las diligencias judiciales-. A su vez, los testimonios de la pareja de la víctima y la recepcionista de la firma confirmaron que siguió entregándoles plata a las personas que se habían presentado en la fábrica por primera vez. Los involucrados negaron su responsabilidad en las declaraciones.

De esta forma, el juez Peralta consideró que las conductas de Bellato, Scaglione, Iglesias y Callegari constituyeron el delito de "extorsión en concurso ideal con falsificación y uso de documento público falso, por los que oportunamente deberán responder en carácter de coautores penalmente responsables”, y decretó el procesamiento de todos ellos.