Esta mañana, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (ex SIDE) Hugo Anzorreguy se negó a declarar ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nº2 en el juicio por el encubrimiento del atentado terrorista a la sede de la AMIA. Por esta razón, los jueces procedieron a leer la indagatoria brindada por el imputado durante la instrucción de la causa. Se espera que la semana próxima, comiencen a declarar los testigos. En la audiencia, estuvieron presentes presentes los fiscales federales de la Unidad Fiscal AMIA, Sabrina Namer y Roberto Salum, y los fiscales ad hoc Miguel Yivoff y Fernando Comparato.

El secretario del TOCF comenzó con la lectura del escrito presentado oportunamente por Anzorreguy en relación al pago de los 400 mil dólares a Carlos Telleldin para, presuntamente, inculpar a un grupo de policías en el atentado. El imputado está acusado de haber dispuesto el dinero -proveniente de fondos reservados de la ex SIDE- y las directivas para hacer efectiva la entrega.

El ex jefe de los espías afirmó que el destino de los 400 mil dólares fue “legítimo” y en el marco del cumplimiento de sus obligaciones en colaboración para profundizar la pesquisa por el atentado a la AMIA. “Era mi obligación poner a disposición del entonces juez Galeano fondos de presupuesto de la Secretaría para ser utilizados en la investigación y proveerlo, antes de estos sucesos, de personal de mi dependencia para que actuaran como auxiliares y bajo sus órdenes”, había declarado por escrito.

Anzorreguy explicó que el ex juez le solicitó 400 mil dólares para “garantizar la seguridad amenazada del entorno familiar del señor Telledín” y afirmó en el escrito que la decisión de entregar aquella suma de dinero fue “exclusivamente” suya:  “Correspondía a mi ámbito funcional la disposición de los dineros  de las cuentas reservadas de la Secretaría”.

Por otra parte, refirió que fue el ex juez Galeano quien dispuso que los agentes de la SIDE colaboren en la investigación por el atentado a la AMIA, y resaltó que durante toda la investigación él puso a disposición del entonces magistrado todo lo que estuviera a su alcance: “Recursos humanos, recursos material y dinero en efectivo (…) no podía negarle ningún recurso que  fuera requerido (…), por ello dispuse el pago de viajes al interior, exterior, viáticos”.

Sobre el compromiso del Estado nacional con el esclarecimiento del atentado, en su declaración en instrucción, Anzorreguy remarcó que “el fin de descubrir la verdad le competía a todos (…) Bajo las decisiones del magistrado instructor, los diversos órganos del Poder Ejecutivo colaboraron materialmente en la pesquisa, conforme a lo que, por lo demás, fue una instrucción precisa y tajante del entonces señor presidente de la República”

En la elevación a juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal Patrico Evers había señalado que Anzorreguy dijo que la suma fue requerida por Galeano y admitió su acuerdo a la propuesta: “No existen dudas acerca de que Anzorreguy -al igual que Galeano- conocía que la disposición de los fondos públicos integraba el eje central del armado de la falsa imputación”. El fiscal concluyó que no podía “calificarse en modo alguno como un acto de ‘colaboración en tareas judiciales’”.

Antes de finalizar la audiencia, los jueces repasaron los dichos del imputado respecto de la pista Kanoore Edul. En su momento, el ex jefe de la SIDE declaró que no  conocía a Alberto Jacinto Kanoore Edul “y que nunca tuvo trato con ellos” por lo que desconocía “cualquier particularidad de los sucesos que se dicen acaecidos”. Anzorreguy señaló en aquél escrito que lamentaba no poder aportar información porque desconoce de qué  forma sucedieron dichos sucesos, “si es que alguna vez ocurrieron”.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves próximo donde deberán resolver los planteos de la defensa de los ex fiscales, que se opusieron a que se comience la etapa de prueba testimonial con el ex Policía Bonaerense Juan José Ribelli.