03 de octubre de 2022
03 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Continúa el juicio por la desviación y encubrimiento del atentado
AMIA: declararon ex abogados de Carlos Telleldín
Alberto Spagnuolo y Gustavo Semorile, letrados del reducidor de autos, brindaron sus testimonios sobre la asistencia que le brindaron en el marco de la detención que sufrió por parte de personal policial de la Brigada de Lanús. Semorile también aludió a su rol de defensor de los imputados en la causa AMIA Miriam Salinas y Pablo Ibañez, sobre su vínculo con el juzgado federal por entonces a cargo de Juan José Galeano, con los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y sobre la declaración que prestó en ese expediente en carácter de testigo de identidad reservada.

En una nueva audiencia del juicio por el encubrimiento y desviación del atentado a la AMIA declararon hoy los abogados Alberto Spagnuolo y Gustavo Semorile, quienes se desempeñaron como abogados del ex reducidor de autos y acusado en el debate del delito de peculado, Carlos Telleldín.

El primero en brindar su testimonio fue Spagnuolo, quien narró que comenzó a defender a Telleldín cuando se asoció con Semorile y cuál fue su intervención cuando el último poseedor de la Traffic que se utilizó en el ataque a la mutual fue detenido en abril de 1994 por la brigada de Lanús de la Policía Bonaerense; sobre aquél suceso, señaló que Telleldín le dijo que con el pago de una suma de dinero quedaría libre.

Al respecto, indicó que luego, ya en 1996 y habiéndose producido el atentado que provocó 85 muertes, se reunió informalmente con el entonces juez federal a cargo de la investigación Juan José Galeano, quien “quería saber si Ribelli le había pedido plata” en aquella ocasión, lo que negó. “Ahora parece una locura, pero estar vinculado con la AMIA implicaba un riesgo de quedar detenido”, consideró. Y añadió: “Me lo preguntaron 80 millones de veces, querían que dijera algo distinto”. A continuación relató que luego fue interrogado en calidad de testigo por funcionarios del juzgado, a quienes acusó de “tocar las respuestas”, lo que motivó la corrección del acta antes de firmarla. “Querían que dijera que Ribelli le había pedido plata” a Telleldín, completó ante las preguntas de los fiscales a cargo de la Unidad AMIA Roberto Salum y Sabrina Namer y el fiscal ad-hoc Miguel Yivoff.

Luego fue el turno de Semorile, que además de tener como cliente a Telleldín defendió a Pablo Ibáñez y Miriam Salinas: Salinas estuvo detenida y prestó declaración testimonial en calidad de testigo de identidad reservada aún cuando su situación procesal como imputada no se encontraba definitivamente resuelta, y Semorile fue interrogado sobre su actuación profesional vinculada a esos sucesos.

El abogado también había declarado oportunamente en la causa por el atentado a la AMIA en calidad de testigo con identidad reservada. Ello, a pesar de haber sido interrogado, en aquella oportunidad, por los sucesos vinculados a la detención de Telleldín del mes de abril de 1994 y que éste último no lo relevara del deber de guardar secreto profesional. Sobre esos puntos fue interrogado en la audiencia y adujo no recordar cómo se gestó esa declaración, solo dijo que “quería aportar lo que pudiera para avanzar con la investigación”; por otra parte, rechazó haber intervenido en la presunta extorsión cometida por los policías cuando representaba a Telleldín. La querella de Memoria Activa solicitó realizar un careo entre ambos letrados, pero no pudo llevarse a cabo por cuestiones de salud de Spagnuolo.

La elevación a juicio de la causa dio cuenta de la maniobra en la que se le habrían pagado 400 mil dólares a Telleldín “para que brindara en el proceso una falsa versión de los hechos, imputando en el atentado a [Juan José] Ribelli, [Anastasio Irineo] Leal, [Raúl Edilio] Ibarra y [Mario Norberto] Bareiro”, que refería que Telleldín tenía una deuda con la fuerza de seguridad provincial y que para saldarla le exigían la entrega de automotores, entre ellos la camioneta Traffic utilizada en el atentado. Los policías estuvieron bajo prisión preventiva desde julio de 1996 hasta su absolución en 2004.