El fiscal de la Procuración General, Horacio Azzolín, y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA, Alberto Nismann, expresaron al presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Buenos Aires, Jorge Gorini, la "preocupación que causa al Ministerio Público Fiscal las demoras ocasionadas en la integración definitiva del tribunal" y le requirieron que "arbitre los medios a su alcance" para llevar adelante el juicio oral a los 13 imputados, entre ellos altos funcionarios, por "entorpecer y abortar" la investigación del atentado del 13 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

En un oficio dirigido al juez, los fiscales remarcaron que tras la recusación del juez Pablo Bertuzzi el expediente ingresó en un "sinfín de excusaciones y apartamientos de otros magistrados del fuero -contamos siete jueces, más otros dos excusados con anterioridad: es decir 3/4 cuartes del fuero- que conspira contra la integración definitiva del Tribunal e impacta directamente en los derechos de las víctimas, tanto como en los que asisten a todo imputado de definir su situación frente a la ley".

Por ese motivo, los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron al presidente del tribunal que arbitre los medios a su alcance "a los efectos que a la mayor brevedad posible se consolide la integración definitiva del tribunal de juicio", se provea la prueba propuesta por las partes y se fije fecha de debate.

Los fiscales señalaron al juez Gorini "la trascendencia institucional de los hechos" que deben juzgarse y "la relevancia y necesidad de adoptar una decisión definitiva acerca de la responsabilidad de quienes fueran altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de las fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia, e integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación".

El expediente en cuestión es el resultado de dos investigaciones que en la instrucción tramitaron por separado en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, y que en total involucran a 13 procesados: el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem; el ex titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Juan José Galeano; el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Hugo Alfredo Anzorreguy; los entonces fiscales federales Gabriel Múllen y José Carlos Barbaccia; el ex agente de la SIDE, Patricio Miguel Finnen; el ex comisario inspector del Departamento de Protección del Orden Constitucional, Carlos Antonio Castañeda; el ex comisario de la División de Operaciones Federales de Drogas Peligrosas, Jorge Alberto Palacios; el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Ezra Beraja; Carlos Alberto Telleldín y su pareja, Ana María Boragni; y el abogado defensor de ambos, Víctor Alejandro Stinfale.

En ese sentido, Azzolín -quien actualmente subroga la fiscalía general ante el TOCF N°5- y Nisman destacaron la "gravedad que supone someter a juicio una compleja maniobra de encubrimiento, pergeñada desde los más altos estamentos políticos de la época, dirigida a entorpecer y abortar la investigación de uno de los hechos más graves que recuerde la historia reciente de nuestro país".

Los fiscales pusieron de relieve al juez Gorini "la responsabilidad, de cara a la comunidad toda, de asumir una actitud proactiva tendiente a evitar todo tipo de situaciones que puedan conducir a la parálisis del expediente" y adviertieron "el riesgo" de que "ello se traduzca en sinónimo de impunidad, inclusive biológica, como ya ha ocurrido en este proceso".