La UFI AMIA detalló los problemas asociados a la persistencia del secreto sobre el material vinculado al atentado del 18 de julio de 1994 e individualizó constancias documentales en la causa que justifican una revisión ante la posibilidad de que exista material de interés no identificado aún. En este sentido, la Unidad indicó que existe una cantidad de información de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) —hoy AFI— remitida  entre 2005 y 2015 que, a pesar de estar en poder de la fiscalía, aún no ha sido desclasificada. También reiteró la necesidad de extender el relevo del secreto respecto de materiales de interés sobre ámbitos y personas o para procesos no considerados hasta ahora y pidió informes respecto de los criterios empleados en la conformación del material enviado sucesivamente a la Unidad Fiscal, ya que en su mayoría se giraron sin inventario de respaldo, ni indicación sobre el procedimiento seguido para su selección.

Además de estas medidas relativas al mayor aprovechamiento y empleo eficaz de los materiales ya remitidos, la Unidad pidió asimismo renovar los esfuerzos para identificar nuevos fondos cuya existencia es posible inferir de las constancias de la investigación.  Así, la UFI AMIA pidió relevar la documentación o bases de datos que pudieran aún existir en cualquier dependencia estatal, en especial en aquellas de la AFI vinculadas a la investigación, tales como la Dirección de Operaciones, la Dirección de Contrainteligencia, el equipo entonces denominado Sala Patria, la Dirección de Inteligencia Antiterrorista, o la Dirección de Gestión de Bases de Datos y Archivos de Inteligencia.

El decreto PEN 395/15 había ordenado a la AFI remitir toda documentación, informe o archivo que no hubiera sido oportunamente aportado a la causa. Sin embargo, desde su dictado, han existido nuevos envíos a la investigación que, sumados a la falta de sistematización de los materiales entregados, tornan necesario relevar la posible existencia de otros fondos. De hecho, los legajos del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina incluyen constancias que indican que con anterioridad al atentado del 18 de julio de 1994, esa institución habría advertido razones de seguridad para una infiltración en organizaciones de la colectividad judía argentina. El 2 de enero de 1987, en efecto, un comprobante del Jefe de la División Agrupación de la Superintendencia de Interior− da cuenta de una orden de “tareas de infiltración en la Organización Sionista Argentina” que debían extenderse “a los organismos colaterales creados o a crearse”. Esta documentación permite inferir que —al menos— en el ámbito de la Superintendencia de Interior de la Policía Federal Argentina pueden existir documentos de interés. Por ello, la UFI AMIA insistió en la necesidad de ordenar a cada una de las fuerzas de seguridad una renovada búsqueda de documentación o bases de datos.

La UFI AMIA, en definitiva, busca que con la colaboración del Poder Ejecutivo de la Nación se pueda realizar un registro y búsqueda exhaustivos de información relevante sobre el atentado del 18 de julio de 1994, en cualquier dependencia estatal, para su entrega y utilización en los procesos judiciales.