El juicio por la desviación de la investigación y el encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA y la DAIA, que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas y 151 heridos, continuó hoy con las declaraciones indagatorias de Víctor Stinfale y Ana María Boragni, abogado y ex pareja respectivamente de Carlos Telleldín, ambos acusados de asistir al reducidor de autos para el cobro de 400 mil dólares a cambio de introducir la falsa pista de las “brigadas” de la policía bonaerense. Ante el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°2, intervienen en representación del Ministerio Público los cotitulares de la Unidad Fiscal AMIA, Sabrina Namer y Roberto Salum, junto a los fiscales ad-hoc Miguel Yivoff y Fernando Comparato.

El letrado se negó a declarar, por lo que en la audiencia se leyeron las partes pertinentes de sus descargos brindados en la etapa de instrucción de la causa. En esas piezas, Stinfale había asegurado que no tuvo “participación dolosa alguna en los hechos que me imputan” y señaló que Telleldín le “encomendó negociar los derechos intelectuales sobre un libro”. En ese sentido, negó haber tenido conocimiento de reuniones entre el entonces juez federal a cargo de la causa, Juan José Galeano, y su por entonces asistido. Por otra parte, manifestó que no participó del encuentro en el que “se estableció el pago” y que, pese a las sospechas sobre la procedencia, su actuación “se limitó a acompañar a Boragni a cobrar un dinero". El abogado había afirmado: "El origen lo desconocíamos ella y yo”.

“No sé qué hacemos acá mi ex marido, mi ex abogado y yo”, comenzó a su turno Boragni, quién sí declaró y contestó preguntas de la Fiscalía, su defensor y de los jueces. En su descargo, indicó que a pocas semanas del atentado, se presentó el policía Mario Norberto Bareiro -quien estuvo detenido hasta la interrupción del primer juicio- junto “a un séquito” en busca del boleto de compraventa de la camioneta Traffic con la que se perpetró el ataque, y que como su entonces esposo no regresaba ella fue trasladada hasta el Departamento Protección al Orden Constitucional, en donde permaneció toda la noche detenida y sometida a interrogatorio. Dijo que en el transcurso de la detención vio a una comitiva encabezada por Galeano “que estaba tomando vista de todo”, y que "en un momento se abrió la puerta y estaba Guillermo Cotoras con un arma 9 milímetros en la boca".

Durante su relato, enumeró amenazas que habrían sido producidas por el Mossad y diversos sujetos, tanto en la calle, en su casa de Villa Ballester como antes de declarar como testigo en el debate celebrado por el TOF 3, que culminó en 2004 con la absolución de los 22 imputados. “Todos fuimos títeres de un gobierno corrupto”, resumió. Dijo también que esos sucesos los denunció ante el “juez federal de San Isidro [Conrado] Bergesio”, pero que aquél se declaró incompetente y le remitió sus dichos a Galeano.

Los cobros

Telleldín, Boragni y Stinfale llegaron al debate oral y público acusados por ser partícipes necesarios del delito de peculado, es decir la sustracción ilegítima de caudales pertenecientes al Estado Nacional. Según la acusación, en la indagatoria del 5 de julio de 1996, Telleldín involucró en el atentado a los policías, luego de recibir dinero a cambio de su declaración.

Boragni refirió luego que el se produjo en dos entregas. Antes, Telleldín le habría dicho que iba a ser contactada por una editorial extranjera y que así lo hizo alguien que se presentó como “Capitán David”. El primer cobro lo depositó en el banco en el que había abierto la cuenta luego de que “David” le entregase el dinero tras un amplio despliegue de seguridad, y el segundo “meses después”. Sin embargo, ante una pregunta de Salum adujo no conocer de qué editorial se trataba, pero que en el Juzgado estaban al tanto.

Al concluir la indagatoria minutos después de las 13:00, el presidente del Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves próximo, cuando está previsto la declaración del acusado ex presidente de la DAIA Rubén Ezra Beraja.