El representante del MPF, Franco Picardi, interpuso hoy un recurso de apelación contra la resolución dictada el 15 de abril por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Pidió que empresarios, intermediarios y ex funcionarios sean procesados por el delito de cohecho activo o pasivo, según el caso, y embargos de hasta 300 millones de pesos para las firmas involucradas.