Los fiscales Gerardo Pollicita -titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº11- y Sergio Rodríguez -a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA)- apelaron la resolución del Juzgado Federal Nº6 que declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a todos los imputados por la presunta venta irregular de las tierras que rodean al Lago Escondido, en Río Negro.

Pollicita y Rodríguez recurrieron ante la Cámara Federal de ese fuero el fallo de Rodolfo Canicoba Corral. Allí consideraron que la decisión cuestionada agravia al MPF por cuanto culmina con la pretensión punitiva respecto de los imputados y que debería ser revocada.

En esta línea, pidieron que se declare vigente la acción penal respecto de la totalidad de los acusados:  para ello sostuvieron que "con motivo de la suspensión que operó como producto de los cargos públicos que ocuparon algunos de ellos, no ha transcurrido el plazo máximo de la pena prevista para el delito que se les imputa (seis años conforme lo normado en el artículo 265 del Código Penal de la Nación)".

El MPF concluyó que los representantes de la empresa Hidden Lake, la escribana interviniente en las operaciones y los funcionarios públicos de la Unidad de Proyectos de Radicación de la Superintendencia Nacional de Fronteras y del Registro de la Propiedad Inmuebles de Río Negro, actuaron en todo momento con el objeto de eludir la normativa vigente en materia de asignación de inmuebles rurales en zona de seguridad de frontera, ya que la sociedad que habría de adquirir las propiedades no reunía las condiciones establecidas al efecto, al tratarse de una firma extranjera cuyo presidente no prestaba un comprobado arraigo en Argentina.

“De este modo la asignación de más de diez mil hectáreas a Hidden Lake S.A claramente vulneró el principio  de conveniencia nacional que debía regir la actuación de la administración pública, la que fue desviada en beneficio de los empresarios para configurar una maniobra que encontraría adecuación típica prima facie en el delito de negociaciones incompatibles”, agregaron.

Los hechos investigados

Los sucesos que originaron la pesquisa habrían ocurrido entre 1996 y 1997, oportunidad en la que, según la acusación, cerca de 11.000 hectáreas de tierras del área de seguridad de frontera con Chile, en el sur de nuestro país, ricas en recursos y bellezas naturales, pasaran a  manos extranjeras, concretamente a propiedad del empresario inglés Charles Lewis. Ello en contra de lo establecido por normas de defensa nacional destinadas a proteger la soberanía y la integridad de la Nación Argentina.

En efecto, en la denuncia de la PIA que inició la causa se indicó que las citadas transferencias de tierras autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad eran contrarias a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44, puesto que por su ubicación estratégica no correspondía que pasen a manos de extranjeros. Sin embargo, para lograrlo, se habrían realizado maniobras por las que primero se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, pero en paralelo se transfirieron las acciones a manos extranjeras. Una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó. En la causa están imputados los funcionarios públicos que autorizaron dichas ventas, la escribana actuante, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Rio Negro y las autoridades de las sociedades extranjeras HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y el empresario británico Charles Lewis.