Leonel Gómez Barbella, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, apeló el sobreseimiento dictado en una causa por infracción a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. El representante del Ministerio Público adelantó que no comparte los argumentos que llevaron a que el juez beneficie a los imputados. La investigación se inició a partir de una denuncia realizada en la Fundación "La Alameda" en la que se solicitaba ayuda para ubicar una joven de nacionalidad paraguaya de 19 años de edad, quien había dado a luz hacía poco tiempo y se la suponía explavizada en un taller de costura de San Justo. El denunciante contó que había logrado entrar al establecimiento, del que no permitían salir a la víctima y que le retenían la documentación. Además, puntualizó que en el lugar trabajaban hombres, mujeres y niños. La causa tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de Morón interinamente a cargo de Juan Pablo Salas.

A raíz de la denuncia, intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y se puedo establecer que el taller, que finalmente fue allanado por la justicia, estaba ubicado en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

La víctima fue acogida por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas del Delito de Trata. En su declaración, describió las terribles condiciones en las que vivía, las labores que realizaba, el monto de salarios prometidos y no cobrados, la forma en que era retenida su documentación y la tortuosa relación sentimental que mantuvo con el primo del dueño.

El fiscal consideró que la situación padecida por la joven de 19 años se reflejó en la filmación de la audiencia realizada en Cámara Gesell. Según la prueba valorada, habría sufrido engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad social, económica y habitacional, que se vieron incrementados por su condición de migrante.

Según los testimonios de las demás personas rescatadas, era habitual que la jornada de trabajo se extendiera por más de 12 horas, que cobraban solamente parte del salario prometido, que se les entregaban vales por sumas escasas y que se les prometía que la diferencia sería guardada por los tratantes como ahorros para cuando quisieran comprarse una casa o viajar. Manifestaron también que debían pedir permiso para salir de la propiedad y que la puerta de salida a la calle se encontraba con llave.

Por último el fiscal manifestó en su apelación que es necesario ampliar la prueba y entre otras medidas tomar declaración testimonial al denunciante, como también analizar documentación que fue incautada al momento del allanamiento del taller.