La titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, homologó el acuerdo de reparación integral propuesto por la defensa del exfiscal general Alejandro Cántaro y de una empleada judicial, en el marco de la investigación que se les seguía por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), durante la pandemia por el virus COVID-19. En el caso, intervino el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, que aceptó el ofrecimiento, aunque solicitó que el dinero se destinara a instituciones que no percibieran aporte o subvención estatal. La magistrada admitió el pedido del MPF.

En la causa, se investigaba lo sucedido la noche del 4 de abril de 2020. En aquella oportunidad, personal de la Policía de Prevención Local de Bahía Blanca efectuaba un operativo de control vehicular y peatonal vinculado a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 297/2020 y sus sucesivas prórrogas. En tal contexto, en la intersección de las calles Dorrego y Belgrano, detuvieron un automóvil Peugeot 208, en el que viajaban el exfiscal bahiense y una mujer, que se desempeña como ordenanza en la justicia departamental de esa ciudad.

Cuando los oficiales les preguntaron las razones por las que estaban allí, ni Cántaro ni la mujer pudieron acreditar que contaban con el correspondiente permiso de circulación dispuesto por las autoridades. Por ese motivo, se les retuvo la cédula verde del vehículo y se les imputó la violación de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia, y resistencia o desobediencia a un funcionario público, conforme los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Meses atrás, el Juzgado Federal sobreseyó a las personas imputadas, pero el 10 de octubre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó la decisión, lo que llevó a que se cite a Cántaro y a la mujer imputada a declaración indagatoria.

Sin embargo, previo a que se materialicen las indagatorias, las defensas postularon la posibilidad de alcanzar una solución alternativa del conflicto penal. En tal sentido, Cántaro ofreció donar 1.500.000 pesos en favor de la Fundación del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”. La mujer, por su parte, propuso entregar 30.000 pesos dadas sus posibilidades y en función del sueldo que percibe como ordenanza de la justicia departamental.

El 29 de noviembre pasado, al ser consultado sobre la cuestión, el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva señaló: “sin perjuicio del pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca -donde pareciera haber constreñido a las partes para que arribáramos a un acuerdo por fuera del trámite común- no cabe duda de que la acción penal pública la ejerce y promueve este Ministerio Público Fiscal, velando por los intereses generales de la sociedad”.

Agregó entonces que “la conciliación o reparación integral sólo pueden ser promovidas por quienes somos partes del proceso”, siempre y cuando la fiscalía -no el Poder Judicial que sólo acompaña o rechaza la petición- esté de acuerdo con este tipo de soluciones alternativas al juicio.

En tal contexto y atento al tiempo transcurrido y las diversas incidencias que se dieron en el caso, es que el fiscal consideró adecuada la vía de resolución y los montos ofrecidos como reparación del daño y la modalidad de pago ofrecida por la mujer. Pero, con relación a Cantaro, González Da Silva solicitó que se realizara un pago único y que el dinero fuera destinado a la Fundación Centro Integral de Atención al Niño (CIAN), al Instituto de Custodia ya Adaptación para Disminuidos Psicofísicos (INCUDI), a la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA), al Pequeño Cottolengo Beato José Nascimbeni -que asiste a personas con discapacidad- y a Asociación Civil Ayuda a personas con leucemia (AYUDA LE).

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que, a diferencia de la fundación de destino ofrecida por Cántaro, las propuestas por la fiscalía no cuentan con aportes gubernamentales ni subvenciones estatales.

En su dictamen, González Da Silva también señaló que la jueza debía profundizar la investigación a fin de determinar hacia donde se dirigían las personas imputadas, que también fueron investigadas por su presunta relación con una organización dedicada al tráfico y comercio de estupefacientes en esa ciudad.

En base a ello, la jueza Marrón admitió la reparación integral del eventual daño, en los términos del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal. También admitió el pedido de la fiscalía en cuanto al destino del dinero, al entender que era razonable y que el cambio no afectaba las condiciones esenciales del acuerdo. Por ello, dispuso que se abone a cada una de las cinco instituciones, la suma de $306.000.

“Una vez acreditado el cumplimiento de la totalidad de los pagos aquí establecidos, la acción penal se extinguirá en referencia a la presunta infracción al artículo 205 del Código Penal, por la que versa el presente expediente. En caso de que no se cumpliere con lo ordenado precedentemente, se dejará sin efecto este instituto, reanudándose el proceso penal", explicó la magistrada.