El 16 de marzo pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca aplicó penas de entre 4 y 12 años de prisión para los integrantes de una organización criminal dedicada a la comercialización de grandes cantidades de estupefacientes. La representación del Ministerio Público Fiscal en el debate estuvo a cargo del fiscal general Alejandro Cantaro, quien solicitó penas elevadas teniendo en cuenta la existencia de agravantes tales como las múltiples condenas previas del líder de la organización, Mauricio Larriaga; la condición de policía de Martín Pradas; los específicos y determinantes roles que ocuparon cada uno de los sujetos, dentro de la organización, al igual que el grave daño que este tipo de delitos provocan en la comunidad.

El jefe de la organización, Mauricio Larriaga fue condenado cinco veces y ha cumplido tiempo efectivo en la cárcel, e incluso fue declarado reincidente. Tras una intensa investigación, quedó debidamente acreditado que Larriaga transportaba estupefacientes desde la localidad de Mar del Plata –donde contaba con la participación de su ex esposa Mariana Loustanau- hacia Bahía Blanca, Viedma, Valcheta, San Antonio y otras localidades del sur del país, para su posterior comercialización. Loustanau no sólo participaba del negocio como accionista sino que a su vez se encargaba de blanquear el dinero obtenido del negocio ilegal.

El policía de la provincia de Buenos Aires Martín Pradas participó en distintas oportunidades del traslado de las sustancias estupefacientes junto a Larriaga, brindando así protección merced a su vestimenta y/o identificación como integrante de la fuerza de seguridad. En ciertas oportunidades, también le aseguraba la provisión de los estupefacientes.

Cuando Larriaga llegaba a Bahía Blanca, era recibido por Patricia Weinzettel, que lejos de ser sólo su pareja, se encargaba de almacenar y luego distribuir los estupefacientes a varios revendedores, entre los que se encontraban Cristian Silva, Fernando Sandoval y Jonathan Coronado.

Para demostrar la responsabilidad criminal de todos los sujetos resultó sustancial la adecuada vinculación realizada por el MPF de los diversos elementos obtenidos a los largo de la investigación. Tanto las tareas de campo, como los resultados de las escuchas telefónicas, la investigación patrimonial de los sujetos señalados, y los resultados de los allanamientos, permitieron arribar a conclusiones indiscutibles.

Cantaro fue contundente al señalar la gravedad que la comisión de este tipo de delitos, a esta escala, provoca en el tejido social. Máxime cuando al daño que genera el consumo de estupefacientes, debe adicionarse que las sustancias de corte utilizadas, son altamente peligrosas para la salud.

Durante los allanamientos fueron secuestrados más de veinte 20 kilos de marihuana prensada y más de seis kilos de cocaína. Respecto de esta última, solo el 25 % era clorhidrato de cocaína, el restante 75 % estaba compuesto de LEVAMISOL, un compuesto utilizado como desparasitante de grandes animales que puede provocar hasta la muerte en seres humanos, azúcares y otros aditivos.

Durante los allanamientos fueron secuestrados más de veinte 20 kilos de marihuana prensada y más de seis kilos de cocaína.

Larriaga fue condenado a 12 años de prisión y declarado reincidente; Pradas, el policía, fue condenado a 10 años de prisión; Silva, Sandoval y Coronado –los comercializadores de Bahía Blanca- a 9 años; Weinzettel, a 6 años y Loustanau a 4 años de prisión.

Asimismo, se dispuso, merced a lo esgrimido por el MPF, el decomiso de los bienes producto del ilícito. La Fiscalía había solicitado que los vehículos secuestrados sean entregados a las fuerzas de seguridad local, dedicadas a la investigación del narcotráfico.