La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal avaló la postura del Ministerio Público Fiscal en una causa en la que se investiga si la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) contamina las aguas de la cuenca Salí-Dulce. El recurso había sido interpuesto por el fiscal general de esa provincia, Antonio Gómez, y sostenido por su colega ante el máximo tribunal penal Javier De Luca.

La apelación de Gómez se produjo luego de que en 2012 la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hiciera lugar al planteo del imputado y presidente de la compañía, Alfredo Calvo, al considerar que lo denunciado en 2009 no estaban alcanzado por la Ley de Residuos Peligrosos. En concreto, el expediente se inició luego de que una vecina refiriese que los líquidos cloacales de la planta San Felipe contaminaban la cuenca del Salí-Dulce -que baña las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y el norte de Córdoba-, por lo que el fiscal federal Gómez solicitó que Calvo sea citado a prestar declaración indagatoria.

En su dictamen, De Luca había sostenido que, como lo indicara su par Gómez, “la conducta denunciada consistió en el vertido de residuos al cauce natural de los canales que desembocan en el río Salí sin imprimirles el correspondiente tratamiento a los efluentes cloacales”. Eso afecta a “la gran cantidad de gente que vive en las zonas de influencia de la planta de tratamiento, habitantes que padecen los efectos de la actividad contaminante en sus propias personas puesto que están permanentemente sujetos a diversos riesgos patológicos".

Con la anulación del fallo de la Cámara, la causa deberá ser remitida a la etapa de instrucción para que continúe la investigación. Allí, intervienen el Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Poviña y la Fiscalía Federal N°1, encabezada Carlos Brito.