08 de febrero de 2023
08 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los hechos ocurrieron en 1989
Casación confirmó la pena a 12 años para un hombre acusado de corrupción de menores
El fiscal Javier De Luca había rechazado la prescripción presentada por la defensa del imputado. Fernando Picciochi abusó en reiteradas oportunidades de dos menores de edad en la colonia de vacaciones de la Congregación de los Hermanos Marianistas. Estuvo prófugo durante casi nueve años.

Esta mañana, la Sala III de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky, confirmó la condena a 12 años de prisión a un hombre que abusó de dos menores de edad. El fallo fue en línea con lo dictaminado por el fiscal Javier De Luca, quien había rechazado el recurso que presentó la defensa contra la sentencia del Tribunal Oral Criminal Nº8. En septiembre de 2012, el Tribunal Oral Federal Nº8 había condenado a 12 años de prisión a Fernando Picciochi por el delito de corrupción de menores. El fiscal a cargo del juicio, Andrés Madrea, durante sus alegaos había solicitado que se lo condene a 13 años y 6 meses. Para el representante del Ministerio Público Fiscal “los hechos quedaron debidamente probados.

El abogado de Picciochi, por entonces miembro de la Congregación de los Hermanos Marianistas, había solicitado al máximo tribunal penal que se declare la prescripción de la acción penal por considerar que desde la fecha de los hechos hasta la sentencia condenatoria transcurrió el plazo prescriptivo computable. También, planteó la nulidad de las declaraciones indagatorias tomadas a su asistido y de todos sus actos consecuentes y consideró que se realizó una errónea valoración del material probatorio y que la sentencia carecía de fundamentación.

Fue por ello que intervino De Luca, quién consideró que “desde el inicio de la causa, en junio de 2000, y teniendo en cuenta que existieron varios actos que interrumpieron el plazo de la prescripción, no transcurrió el máximo de la pena prevista para el delito de corrupción de menores agravada, endilgado al imputado”. Agregó que tampoco la defensa demostró de qué forma se menoscabó el derecho de defensa en juicio del acusado: “El imputado tuvo pleno conocimiento del hecho que se le atribuía lo que le permitió defenderse adecuadamente de la imputación”.

Sobre la arbitrariedad en la valoración de la prueba, el fiscal sostuvo que fue considerada de acuerdo a las reglas que gobiernan la “sana crítica”. Este planteo fue retomado por Casación: “La sentencia traída a revisión cuenta con suficiente fundamentación pues la reconstrucción histórica del hecho constituye una conclusión que deriva de un análisis profundo y crítico de la totalidad del material probatorio. Por el contrario, las críticas de la parte recurrente que se alzan contra el pronunciamiento examinado sólo exhiben un enfoque distinto del caso que no puede prevalecer sobre el delos magistrados de juicio”.

Los hechos

En diciembre de 1989, las víctimas tenían 13 años y habían terminado de cursar séptimo grado en el Colegio Marianista ubicado en Avenida Rivadavia 5652, en Caballito.

Los abusos comenzaron en la localidad cordobesa de Casagrandes, durante el viaje de fin de curso de los chicos. Picciochi, quien entonces se desempeñaba como docente de la institución y ostentaba la jerarquía de religioso de la Orden de los Hermanos Marianistas, era el encargado de coordinar al grupo.

El hombre también está acusado tambiñen por los abusos ocasionados en 1990 contra los mismos niños, pero esta vez dentro del patio cubierto del colegio. Picciochi estuvo prófugo durante casi nueve años. En 2008, la justicia libró un exhorto internacional al juez con competencia en Estados Unidos para solicitar la detención provisoria y la extradición. Recién en 2010, se hizo lugar a la extradición y fue detenido en septiembre de ese mismo año cuando arribó a Ezeiza escoltado por efectivos de Interpol.