El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 finalizó hoy la lectura de la acusación sobre el direccionamiento de la adjudicación de licitaciones de obras públicas civiles, desde la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, en el marco de la causa “Cuadernos”, seguida a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes.

En la undécima audiencia del juicio oral y público, que comenzó el pasado 6 de noviembre, se terminó de leer la valoración probatoria respecto de 24 de los 43 empresarios imputados -por cohecho activo- en la investigación por la cartelización de la obra pública civil en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”-; y el apartado sobre la “Autoría y participación”, del cuarto requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli, el 20 de noviembre de 2019.

También se leyeron los cinco primeros párrafos de la contestación de la vista efectuada, el 4 de diciembre de 2019, por la Fiscalía Federal N°4, respecto a la situación procesal de uno de los empresarios y un funcionario imputado.

En este tramo de la investigación están acuasdos -por cohecho pasivo- la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y el dueño de la financiera Inverness S.A., Ernesto Clarens, quien intervino como intermediario entre los funcionarios y los empresarios, para la recepción y entrega de dinero. También están imputados, por cohecho activo, 43 empresarios.

Además, como miembros de la asociación ilícita investigada en la causa “Cuadernos”, también están imputados el exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y exempleado de la financiera Inverness S.A. -entre los años 2003 y 2005- Sergio Hernán Passacantando; el exadministrador general de la DNV, Nelson Guillermo Periotti; el exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de Vialidad, Sandro Férgola.

El TOCF N°7 está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, junto a su colega Néstor Costabel como cuarto juez.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal general Estela Fabiana León -titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOCF-, junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.

Por la querella, que representa a la Unidad de Información Financiera (UIF), interviene el abogado Mariano Galpern.

La jornada de hoy

La undécima audiencia comenzó a las 9.20. Previo a retomar la lectura del requerimiento de elevación a juicio fiscal, el secretario del TOCF, Ernesto Javier Ruíz, informó sobre la ausencia del imputado Juan José Luciano -titular de Luciano S.A.-, quien permanece con reposo médico por una descompensación que padeció el lunes; y que la defensa de Mauricio Pedro Pascucci -socio gerente de Alquimaq S.R.L.-, comunicó que su asistido se ausentaría al mediodía, en virtud de que debía concurrir a un control médico.

En la undécima jornada se concluyó la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal respecto a las maniobras por la cartelización de la obra pública civil. Foto: captura de Zoom

Luego se leyeron los restantes fragmentos sobre la valoración probatoria respecto de los empresarios Luciano; Pablo José Gutiérrez -representante de Fontana Nicastro S.A.-; Jorge Sergio Benolol -integrante de JCR S.A.-; Adrián Eduardo Pascucci -socio gerente de Alquimaq S.R.L.-; Oscar Abel Sansiñena -representante de Cleanosol Argentina S.A.-; Luis Armani -representante de Vialmani S.A.-; Guillermo Escolar -directivo de Cleanosol Argentina S.A.-; Juan Bautista Pacella -representante de Constructora Dos Arroyos-; Carlos Eduardo Arroyo y Carlos Daniel Román -presidentes de Green S.A.-; Mario Ludovico Rovella -responsable de Rovella Carranza S.A.-; José Gerardo Cartellone, Tito Biagini y Hugo Alfredo Kot -directivos, presidentes e integrantes de Cartellone Construcciones Civiles S.A.-; Osvaldo Manuel De Sousa y Cristóbal Manuel López -presidente entre 2009 y 2014 y socio mayoritario, respectivamente de CPC S.A. y Grupo Indalo-; Rodolfo Perales -presidente de Perales Aguiar S.A. desde 2010-; Eduardo Luis Kennel -gerente Administrativo Financiero de José J. Chediack S.A.I.C.A. desde 1999-; Juan Manuel Collazo -exasesor y directivo de Corporación América S.A., integrante de Helport S.A.-; Ricardo Antonio Repetti; gerente de Vialco S.A. desde 2008-; Carlos Fabián De Sousa presidente, entre 2016 y 2017, de CPC S.A. y Grupo Indalo-; Mauricio Pedro Pascucci -socio gerente de Alquimaq S.R.L.-; María Rosa y Gerardo Cartellone -directivos y presidentes de Cartellone Construcciones Civiles S.A.-. También se leyó el apartado correspondiente al fallecido Luis Losi -presidente de Losi S.A.-

Posteriormente, se efectuó la lectura del acápite del requerimiento fiscal, sobre la autoría y participación de las personas imputadas.

Luego, se leyeron los cinco primeros párrafos del dictamen “Contesta vista” de la Fiscalía Federal N°4, el 4 de diciembre de 2019. En aquella oportunidad, el fiscal Stornelli se refirió a la situación procesal de del presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC, Miguel Marcelino Aznar (75), y del extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Ariel Nivello, respecto de quienes consideró que no se habían modificado las condiciones por las cuales fueron imputados como miembros de la asociación ilícita.

Cerca de las 11.30, se dispuso un cuarto intermedio, tras el cual se abordaron los acápites “Relación circunstanciada de los hechos y motivos que fundan el pedido de elevación” y “Calificación legal” del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) -que interviene en el debate como parte querellante- representada por el abogado Galpern. Dicha pieza procesal data del 22 de noviembre de 2019 y fue suscripta por los abogados Mariano Federici y Martín Alejandro Olari Ugrotte, extitular y funcionario de la UIF, respectivamente.

Así, consideraron que “en el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por indicaciones del presidente Néstor Carlos Kirchner, y luego mantenido en el tiempo por la presidente Cristina Elisabet Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles. En ese contexto espurio, las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación”.

La UIF centró su acusación en “los actos de adjudicación de las obras que se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti” y agregó que “cuando se abonaban anticipos financieros, los mismos oscilaban entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra; y para el supuesto de que en las obras no se efectuaran tales pagos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra”.

También señalaron que “para efectuar los pagos propiamente dichos, es decir, las entregas dinerarias, los responsables de las empresas procedían a concurrir por sí, y/o enviaban a distintos Gerentes o empleados de confianza” a las oficinas de Clarens, quien luego entregaba el dinero al entonces secretario privado de Néstor Kirchner, el fallecido Héctor Daniel Muñoz. “Por otro lado, también podía suceder que ciertos empresarios, por los estrechos vínculos mantenidos con quienes ejercían las directivas de la asociación, efectuaran pagos en forma directa a José Francisco López, quien luego procedía a ingresar esas sumas dinerarias a la misma organización”, destacó la acusación.

La audiencia concluyó a las 14.45, cuando el TOCF N°7 decretó un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo 23 de diciembre a las 13.30, cuando se concluirá la lectura de la presentación de la UIF y se avanzara con los requerimientos formulados por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el fallecido juez Claudio Bonadío, en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, sobre las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios y las maniobras con la concesión de rutas.

Así, en la investigación sobre la adjudicación irregular de contratos de transporte ferroviario están imputados Fernández de Kirchner; De Vido; los exsecretarios de Transporte de la Nación Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi; junto a los empresarios Aldo Benito Roggio -presidente del Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A.- y Benjamín Gabriel Romero -Titular de Hidrovia S.A.-.

Por su parte, en la causa “Corredores Viales” están acusados De Vido; el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) -entre 2003 y 2007-, Claudio Uberti; y los empresarios Aznar; Patricio Gerbi (70) -presidente de Coarco S.A. / Equimac S.A. (UTE)-; Marcela Edith Sztenberg (59) -vicepresidenta de Equimac S.A.-; Obdulio Ángel Barbeito (77) -gerente general de Homaq SA-; Collazo; Marcelo Marcuzzi (82) -directivo de Covico Concesionario Vial S.A., COPRISA S.A., Estructuras SACICIF, Glikstein y Cia SACIAM,  ICF Sudamericana S.A. y Noroeste Construcciones S.A. (UTE)-; y Miguel Ángel Marconi (66) -directivo de Supercemento S.A.I.C.-.

El juicio

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública civil, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de parte del primer requerimiento de elevación a juicio donde se abordaron las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta Fernández de Kirchner. La lectura continuó en las jornadas del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando concluyeron con la primera pieza acusatoria y avanzaron con la acusación por cohecho pasivo, cohecho activo, admisión de dádivas y recepción de dádivas, plasmada en el segundo tramo de la investigación.

También, en la jornada del 27 de noviembre comenzaron a leer el tercer requerimiento de elevación a juicio del fiscal Stornelli, cuya lectura concluyeron el 4 de diciembre pasado, luego de que el martes anterior se destinara la audiencia a dar tratamiento al planteo de recusación formulado por la defensa de De Vido, el cual fue rechazado.

Asimismo, en el 9, 11 y 16 de diciembre pasados se leyeron los apartados “El inicio de la causa”, “Los hechos”, “Los descargos”, “Los acuerdos de colaboración” y parte de “La valoración de la prueba” del cuarto requerimiento de elevación a juicio, en el que se investigó la cartelización de la obra pública civil, a través de los integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El listado completo de las 86 personas imputadas puede consultarse aquí.

Cronograma de audiencias

El 23 de diciembre se culminará la lectura de la presentación de la UIF y se avanzará de los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4, en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, respecto de las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos para esas actividades.