La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borisnky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos resolvió que la investigación por los alzamientos policiales ocurridos en Chaco – y en distintas provincias argentinas en el año 2013- debe ser llevada adelante por la justicia federal chaqueña.

Los representantes del Ministerio Público Carlos Amad y Federico Carniel habían presentado un recurso de casación frente a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que había definido la competencia en favor de la justicia provincial.

En su escrito, los fiscales habían sostenido que la arbitrariedad en la decisión de la Cámara de Apelaciones se manifiestaba al considerar “que lo sufrido en los primeros días de diciembre de 2013 fue algo aislado circunscripto a los límites de la provincia de Chaco, cuando nosotros estamos convencidos de que hubo un movimiento a nivel nacional direccionado a conseguir, arma en mano, a través del miedo y la zozobra de la población, un rédito que si bien involucra a las provincias en cuanto a su administración, repercute directamente contra el sistema democrático y contra el gobierno nacional en particular”.

Borinsky, Gemignani y Hornos consideraron “prematura” la decisión en favor de la justicia provincial, dado que “de las constancias en autos no se desprende que se haya descartado la posibilidad de que los hechos ocurridos en la Provincia de Chaco, debidamente contextualizados, hayan comportado la afectación de la seguridad de la Nación o de alguna de sus instituciones”.