El pasado 8 de octubre, en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, se realizó una audiencia en el marco del hábeas corpus presentando por el defensor oficial Raúl Miguel Tuninetti, con el objetivo de evitar un agravamiento en las condiciones de detención en la Colonia Penal Unidad 11, del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en esa ciudad. Entre otras cosas, se puso de relieve la problemática causada por el incremento de la población carcelaria de la U11, a raíz del envío de detenidos provenientes de ciudades distantes a más de 500 kilómetros.

En la audiencia, estuvieron presentes el subdirector nacional del Servicio Penitenciario Federal Claudio Enrique Barberá; el director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal José María Ferezin; el director de la Colonia Penal U11 Hugo Eduardo Medina; el director de la Auditoría General del SPF, Fernando Diaz, junto al alcaide mayor Sandra Wahnish y el auditor de la Colonia Penal Luciano Verzino; el delegado zona NEA de la Procuración Penitenciaria Osvaldo Oscar Zacautegui; los asesores de la Procuración Penitenciaria Marcelo Heredia y Gonzalo García Verita, y el fiscal federal Carlos Sansserri.

Al momento de tomar la palabra, Sansserri señaló que compartía los fundamentos del recurso y solicitó, a los efectos de tener en cuenta para la resolución de la cuestión, “el hecho de que la Colonia Penal U 11 de esta ciudad es una ‘Colonia’ destinada a la última etapa de la reinserción de los internos”. Sin embargo, pese a ello, destacó que allí “se alojan a internos que vienen de un establecimiento de máxima seguridad, lo que genera conflictos y una situación de desigualdad con los otros internos que se encuentran en la última fase de su readaptación”.

Luego, el representante del MPF precisó que en la fiscalía federal “se genera una acumulación de pedidos de audiencia de los internos, con el objeto de acercamiento familiar, su contacto con su defensor y su juez de ejecución, donde la fiscalía dispone las medidas del caso, pero la mayoría de las veces sin llegar a una solución definitiva a los distintos planteamientos”. Por esto, solicitó “un trabajo armónico y de colaboración entre los distintos organismos a los fines de arribar a una solución de esta problemática”.

En este sentido, Sansserri reiteró algunas de las manifestaciones que ya en octubre de 2014 había expuesto al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal sobre lo que acontecía en la U 11. Allí, entre otras cosas, destacaba la cantidad de denuncias por parte de los internos recibidas en la dependencia del MPF, las receptadas por el fiscal en la colonia penal, así como también las que resultaron de inspecciones oficiosas, llevadas adelante en compañía de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

En ese contexto, el fiscal federal había resaltado “el crecimiento de conflictividad en las relaciones entre los internos y también, respecto de estos para con el personal penitenciario que cumple servicios en el establecimiento”. Sobre este aspecto, explicó que “mucho tiene que ver en estos acontecimientos, la circunstancia puntual del traslado hacia la Unidad de internos provenientes de establecimientos carcelarios de máxima seguridad, en su mayoría asentados en la provincia de Buenos Aires, aspecto este que permite vislumbrar, que personas sometidas a un régimen absolutamente distinto y cerrado, ahora enfrentan el cumplimiento de sus condenas en un sistema propio de una colonia penal, por cuya naturaleza, se encuentra destinada al alojamiento de detenidos en un ámbito avanzado de resocialización, próximos a cumplir sus sanciones y con un alto grado de progresividad en cuanto a conducta y concepto, lo que les posibilita el goce de beneficios de un sistema más abierto”.

Esta problemática se agravaba por el hecho de que tampoco “el personal del servicio estaría habituado al tratamiento de internos de máxima seguridad y aunque así lo fuera, es un valor entendido que, imponer mayor rigurosidad al sistema, derivará en un tratamiento desigual al que le corresponde a los alojados en condiciones de detención más abierta”, agregó Sansserri. A la vez, había indicado que “la estructura edilicia es absoluta y peligrosamente inadecuada para recibir internos de las características que han sido señaladas”.

En busca de soluciones

La audiencia por el hábeas corpus continuó con el planteo exigencias y respuestas en relación al interés que representaba cada uno de los presentes, tras lo cual se llegó a un acuerdo para realizar una serie de acciones inmediatas, que ayudaran a morigerar la problemática.

Algunas de esas medidas consistieron en el envío de un equipo interdisciplinario que efectué una actividad relacionada con la toma de test de riesgo sobre la población de la Unidad 11 para generar una clasificación y definir si algún interno de los alojados, debe ser trasladado a otro establecimiento. Junto a este equipo, también se consensuó enviar un grupo técnico en materia de informática y comunicaciones para relevar el estado de la telefonía pública existente que utilizan los internos y bregar por la optimización de su funcionamiento.

Además, se acordó trabajar para dotar al establecimiento de una interconexión del sistema de video conferencia que posee el Servicio Penitenciario Federal en el afán de intercomunicar a los internos de la colonia penal con su núcleo familiar. Este sistema, a la vez, permitiría conectar a los internos con los jueces nacionales de ejecución penal que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, así como también con sus defensores, por intermedio del sistema que posee el Consejo de la Magistratura.

Finalmente, las autoridades penitenciarias propusieron que los nuevos internos seleccionados para ser trasladados hacia esta Unidad reunirían los requisitos necesarios de progresividad para ser alojados en una Colonia.

La jornada concluyó con el acuerdo de una nueva audiencia que tendría lugar el próximo 5 de noviembre, a los fines de evaluar los avances obtenidos y, de ser el caso, coadyuvar a los mismos.