14 de abril de 2024
14 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El pedido había sido realizado por la fiscal Silvina Ávila
Chubut: solicitaron la indagatoria de nueve personas acusadas de integrar una red de trata
Los imputados, entre los que figuran cinco policías, habrían explotado sexualmente al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad en dos o más prostíbulos ubicados en las localidades de Gobernador Costa y Sarmiento. Además, la representante del Ministerio Público solicitó también el testimonio de las víctimas.

La fiscal federal subrogante de primera instancia de Esquel, Silvina Ávila solicitó el llamado a indagatoria de nueve personas acusadas de explotar sexualmente al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad en dos o más prostíbulos: uno de ellos denominado “Nilo”, ubicado en la localidad de Gobernador Costa, como mínimo entre el 2 de febrero de 2015 y el 8 de marzo de este año. El otro local nocturno es el llamado “La tía II”, ubicado en localidad de Sarmiento, donde habría funcionado un prostíbulo alrededor desde el 10 de julio de 2014 hasta el 8 de marzo de este año.

Entre los imputados, se encuentran la dueña de los dos boliches y de los domicilios particulares donde se alojaban las víctimas y se realizaban los denominados “pases”; las dos regenteadoras de cada uno de los locales; el encargado de trasladar a las víctimas desde los bares hasta el lugar donde se consumaba la explotación, y cinco agentes policiales, acusados de prestar colaboración, ya que oficiaban de encargados de seguridad en el local “Nilo”.

Según requerimiento de la fiscal Ávila, las mujeres recibían el 50% del monto abonado por los prostituyentes, ya que el resto eran ganancias para los explotadores. Además, debían pagar por la realización y control de las libretas sanitarias exigidas sumado a la amenaza de posibles multas ante el incumplimiento de esas exigencias.

Por otro lado, se determinó que dos de las imputadas ya se encontraban procesadas por trata de personas en el marco de otra causa. Por ese motivo, la Fiscalía encabezada por Ávila le solicitó al Juzgado Federal que se incorporen al legajo copias certificadas de esas actuaciones. Asimismo, se identificó que una víctima de esta segunda causa fue una de las rescatadas en el allanamiento realizado en el local Nilo. De esta manera, para la Fiscalía se encuentra acreditado que cuando se cerró el primer prostíbulo, las imputadas trasladaron a una de las víctimas a otro de sus boliches, ubicado en la misma localidad.

Origen del caso

La causa se inició a principios de este año, a partir de la información preliminar aportada por un escuadrón de Gendarmería Nacional. Luego de realizar tareas investigativas en diversas localidades de la provincia, instruidas por la Fiscalía, se solicitaron los dos allanamientos en los prostíbulos sospechados, en dos locales nocturnos, en dos domicilios donde presuntamente se realizaban los “pases” y dos comisarías.

Entre los elementos hallados en el prostíbulo “Nilo”, se pudo identificaron recibos de pago emitidos por la Municipalidad de Gobernador Costa en concepto de inspección de seguridad de higiene y un certificado de licencia comercial.

Por su parte, luego de los allanamientos que se llevaron a  cabo también en las Comisarías de Gobernador Costa y José de San Martín, se secuestraron planillas adicionales en las que expresamente se estableció que cinco agentes cobraron suplementos salariales por haber realizado adicionales en el bar “Nilo”.

Por su parte, en el bar “La tía II”, cuatro víctimas fueron rescatadas. Durante la investigación, se descubrió que dos de las mujeres ya habían sido identificadas en otros procedimientos en diversas jurisdicciones, en el marco de otra causa por el mismo delito. Asimismo, fueron identificadas 166 pulseras que habrían sido utilizadas para registrar la cantidad de tragos o copas que consumían los clientes, preservativos y geles íntimos, entre otras pruebas.

Finalmente, otros de los elementos determinantes hallados durante los allanamientos fueron una gran cantidad de libretas sanitarias de numerosas mujeres lo que da cuenta de que las mujeres explotadas por la banda habrían sido más que las encontradas.

Gracias a los libros de habilitaciones, también se estableció que la cantidad de mujeres que trabajaban en cada dependencia era variable. Por ejemplo: durante la Fiesta Provincial del Caballo, que se realiza entre el 6 y el 8 de febrero de cada año, se “reforzó” el "plantel" del prostíbulo Nilo. Además, en esa oportunidad oficiaron de custodia del local Nilo policías tanto de la Comisaría de Gobernador Costa como de la de José de San Martín. Durante esas fechas, se observó que las mujeres entraban y salían del boliche con los “clientes”.

En el curso de la causa, se informó a los municipios en donde estaban instalados los locales allanados la reglamentación local que se encontraba en infracción a las leyes nacionales que combaten la trata y la explotación sexual y se solicitó que no sólo se instrumenten los mecanismos necesarios para modificarlas sino que también se capacite al personal municipal en concordancia con ello.

La complicidad policial

La colaboración de los uniformados se caracterizó por la realización de servicios adicionales, es decir, que se ubicaban en la puerta del local en donde eran explotadas sexualmente mujeres para asegurarse que no se produjeran disturbios dentro o fuera. De esta manera, para la Fiscalía este aporte debe entenderse como lo suficientemente importante para evitar que las víctimas pudieran siquiera plantearse la posibilidad de concurrir a la fuerza a denunciar.

Para la Fiscalía, la participación policial en este caso no resulta aleatoria, ya que, en caso de que no fuera requerido y abonado el servicio de adicionales por la seguridad a la Comisaría de Gobernador Costa, las autoridades emitían actas de infracción en contra de la dueña del local. La representante del Ministerio Público concluyó a partir de estos datos que la colaboración de la fuerza de seguridad se encontraba, de esta manera, impuesta a los imputados por los propios efectivos.

Por último, la fiscal Ávila dio cuenta también de las irregularidades constatadas por los inspectores en el bar por la falta de seguridad policial. Esta información fue puesta en conocimiento del juez de Faltas de la Municipalidad, quien actualmente oficia de defensor particular de dos de los imputados.