El Juzgado Federal de Rafaela citó a prestar declaración indagatoria el 1º de septiembre a dos ex directivos de una empresa de baterías para autos y una funcionaria provincial por la muerte de una niña intoxicada con plomo. Así lo dispuso al hacer lugar al pedido del fiscal federal de esa jurisdicción, Jorge Gustavo Onel, que solicitó se convocase a Daniel Osmar Ochoa y Norma Arellano, presidente y vicepresidente respectivamente de la firma Nesaglo SA a la fecha de su cierre, como también a Mónica Mabel Ucero, directora general de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe al momento de los hechos.

De acuerdo a la imputación, por impericia en el caso de los directivos, y por inobservancia en relación a la funcionaria, los acusados habrían contaminado con plomo de modo peligroso el agua, el suelo, la vegetación y otros elementos de un predio ubicado en la localidad de Ceres, donde funcionaba la fábrica Cerplac, perteneciente a Nesaglo. A raíz de ello, se detectó la presencia de plomo en sangre de al menos 21 personas y se produjo la muerte de otra. Todas ellas habrían sufrido los efectos tóxicos de ese metal peligroso, fundamentalmente por inhalación.

La causa comenzó con la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía Federal de Rafaela el 26 de enero de este año luego de tomar conocimiento a través de los medios de la muerte de una niña y la internación de otros menores de edad, como consecuencia de haber detectado plomo en sus organismos, por haber vivido en el predio ubicado en la localidad de Ceres,  ante la posible existencia de conductas en infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. A partir de las verificaciones iniciales, el 4 de febrero se dispuso la clausura y evacuación preventiva del previo, a fin de evitar mayores daños a la salud de sus habitantes. 

Con posterioridad, se logró determinar la existencia de plomo en al menos el agua, la superficie, vegetales, y otros elementos sólidos del lugar. Un informe elaborado por el Gobierno de la ciudad de Ceres determinó que, si bien la fábrica no se encontraba funcionando, y era evidente su abandono, existían restos de materiales e insumos utilizados allí que podrían “eventualmente producir, sumado a otros factores, inconvenientes en la salud de los residentes. (…) Ello porque el plomo es un componente químico que, en determinados niveles y condiciones, puede producir contaminación”. Por este motivo, se declaró al predio “zona no apta para ser habitada por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario”. 

La coordinadora de Medio Ambiente del Gobierno de la ciudad de Ceres expresó que advirtieron en el lugar la existencia de una oficina con agujeros tipo pozos que contienen líquido en su interior que parecía que eran restos de combustible, como así también se advirtió allí la presencia de restos de batería. De acuerdo a su apreciación, estarían contaminados tanto el suelo como el agua, ello debido a la misma corrosión climática que va percolando los componentes y los van absorbiendo, razón por la que se solicitó la realización de un estudio sobre el suelo y el agua para corroborar la existencia de plomo allí. Por último, agregó que dicho lugar no es habitable, y menos aún para niños y niñas, que tiene paredes y techos derrumbados y es precario, además de la posible contaminación. 

En marzo, la fiscalía ordenó al Departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina la extracción de muestras: en el predio, en viviendas e inmediaciones del barrio lindero, de localidades aledañas, en los tanques de agua de la cooperativa proveedora de la ciudad, y también en viviendas del municipio de Ceres para realizar estudios ambientales. Los informes dieron como resultado que, si bien en las muestras de suelo no se evidenciaron valores de concentración de plomo fuera de normativa, no se descartaba la posible contaminación dado el hallazgo de las concentraciones en sí mismas. También se hisoparon las paredes de la fábrica, que comprobaron la existencia de concentración de plomo en ellas. 

Con relación a este último resultado, el Departamento citado manifestó que, si bien no se comprobó la presencia de plomo por encima de los valores normales en las muestras líquidas obtenidas, la intoxicación por plomo en las personas no solo se da por la ingestión de agua sino que se puede dar por otras vías de ingreso al cuerpo. Dentro de llas, destacó el consumo de alimentos, tocar cosas que tienen plomo, por vía dérmica y vía inhalatoria, entre otras, y dado que el lugar se halla muy impactado por aquél, es posible inferir que la intoxicación de las personas pudo haber sido provocada de ese modo y no por agua específicamente.

De acuerdo a los antecedentes presentados por el ministerio provincial de Medio Ambiente, desde su inauguración hasta su cierre en 2017, Nesaglo vendría contaminando al menos el suelo y el agua de su predio, toda vez que ha presentado informes ambientales en los que se detecta su presencia en el lugar con valores superiores a los normales, por lo que se habría detectado plomo en sangre de determinados trabajadores. Incluso, hasta 2008, la empresa recibió la intimación a cesar el vuelco de residuos al exterior del predio por el exceso verificado en el parámetro “plomo”, y desde su cierre a la fecha, no presentó un Plan de Cierre de sus actividades, conforme lo establecen las leyes provinciales de Residuos Peligrosos. 

Las responsabilidades, según la fiscalía

Se detectó la presencia del residuo en la sangre de varias personas que se hallaban residiendo en la fábrica. De las 21 personas intoxicadas, diez de ellas eran menores de edad, todas con valores detectados que superan el valor de referencia establecidos.

Para el fiscal Onel, existen “serios y concordantes elementos de juicio” para relacionar la muerte de la niña con la intoxicación con plomo, ya que vivió por un lapso cercano a los seis meses en el predio de la empresa, más precisamente en el interior de un ambiente acondicionado con carcazas de batería. 

Por estos motivos, para el fiscal federal de Rafaela, Ochoa y Orellano resultan responsables de haber contaminado los predios de la empresa Nesaglo con plomo, hecho cometido por impericia en el propio arte o profesión, que tuvo como consecuencia la intoxicación de al menos 21 personas, cuatro de ellas hospitalizadas y, a su vez, una de estas últimas fallecida.

También señaló la responsabilidad de la Directora General de Desarrollo Sustentable, al entender que del expediente surge la inexistencia de aprobación de informes ambientales de la firma en relación al predio en cuestión, y que la clausura del predio fue dictada cuatro fechas después de que fuera dispuesta por la justicia federal. En su carácter de directora, era la encargada de efectuar el control sobre las empresas en lo referido a inspección de impacto ambiental, plan de cierre y eventualmente la posterior clausura en tiempo oportuno, y en violación a los deberes a su cargo, habría llevado a cabo también, bajo la forma de comisión por omisión, el resultado verificado.