28 de mayo de 2022
28 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía General n°3 ante los TOF
Comenzó el juicio a 23 ex funcionarios y empresarios por enriquecimiento ilícito, defraudación y peculado
Se trata del megajuicio que tramita ante el Tribunal Oral Federal Nº6 donde se debaten cinco causas en las que están imputados el ex ministro de Planificación, el entonces secretario de Transporte y otras personas por presuntos hechos de corrupción.

Con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el marco de las causas de enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido comedia en perjuicio de la administración pública,  el Tribunal Oral Federal Nº6, integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino, y Ricardo Basílico como juez sustituto, dio inicio al megajuicio en el que están imputados el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido y el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, entre otras 21 personas. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen en el debate la fiscal general Gabriela Baigún, a cargo de la Fiscalía General Nº3 ante los Tribunales Orales Federales, quien contó con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones  (DAFI) para la realización de investigaciones de carácter patrimonial, y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), en relación a cuestiones de derechos administrativo y empresarial.

Julio De Vido se negó a declarar al igual que el resto de los imputados, con la salvedad de Daniel Jaime, quien respondió sólo preguntas de su defensor. Se leyeron varios actos procesales, cuestiones preliminares, y se efectuaron pedidos de nulidades. Los abogados del ex Ministro de Planificación realizaron dos planteos, a los que adhirieron otras defensas. Por un lado, sostuvieron que el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción, puntualmente en los que se acusa a su defendido por la compra de material ferroviario a España y Portugal, violarían el derecho de defensa en juicio, pues no se encontrarían correctamente delimitados los hechos reprochados, por lo que solicitaron su nulidad. Baigún consideró que correspondía rechazarse este planteo. En tal sentido, indicó que la interpretación de las nulidades debe efectuarse en forma restrictiva, y que deben extremarse los recaudos para acreditar los agravios concretos. En este caso, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los imputados se encontraron posibilitados de ejercer ampliamente su derecho. Ello, se vio plasmado, por ejemplo, en los descargos presentados en ocasión de prestar declaración indagatoria, de ofrecer prueba, y en los recursos deducidos.

Por otra parte, cuestionaron la inclusión de la causa dentro del megajuicio, dado que vulneraría el derecho a un juicio justo. La defensa indicó que en el Juzgado de instrucción continúa la investigación respecto de otros imputados; circunstancia que le generaría un agravio al no contar con la prueba que se produce en esa sede. La Fiscalía General también rechazó este planteo. Al respecto,  entendió que la realización del juicio único respetaba las reglas de conexidad previstas en los arts. 41, incisos 1° y 3° y 43 del CPPN. Asimismo, certificó el estado de la causa de instrucción, y señaló que en caso de obtenerse pruebas relevantes, como garante de la legalidad, solicitaría su incorporación al debate. También, indicó que de aguardarse la elevación total de la causa, se podría vulnerar la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

La Oficina Anticorrupción, por su parte, contestó los planteos en idéntico sentido.

Enriquecimiento ilícito

El primer requerimiento de elevación a juicio que leyó el Tribunal corresponde a la causa donde se juzga el presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, durante el período en que ejerció el cargo público de secretario de Transporte de la Nación, comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, y los dos años posteriores correspondientes al denominado “período de sospecha”, mediante diversas operaciones de compraventa de bienes y con la participación de distintas personas interpuestas para disimular el enriquecimiento de Jaime. Concretamente, se trata de Julieta Jaime, Daniel Jaime, Silvia Reyss, Agostina y Lorena Jayo, Sebastián Ledantes, Norberto Ledantes, Graciela Vigna, Manuel Vázquez, Julián Vázquez,  Alfredo Pielach y Lisandro López, Ignacio Julián Soba Rojo, Silvano del Carmen Mazzuchelli, Carlos Lluch y Raúl Viola. En el expediente intervino el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº2, Carlos Rívolo.

Trenes usados a España y Portugal

Luego fue el turno de la elevación a juicio realizada por el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº6, Federico Delgado. En ese legajo se investigó las posibles irregularidades en la adquisición de trenes usados a Portugal y España. Los imputados De Vido, Jaime, Manuel Vázquez, Ricardo Domingo Testuri, Ignacio Julián Soba Rojo y Carlos Retuerto Castaño están acusados de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el delito de cohecho.

Honda Modelo Civic y Volkswagen modelo Passat

Finalmente, el Tribunal leyó las dos elevaciones a juicios por el delito de peculado realizadas por el fiscal federal Carlos Rívolo.  En uno de los legajos, se juzga al ex funcionario Ricardo Jaime por la presunta sustracción, en febrero de 2004, de un auto perteneciente al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) -que encabezaba Claudio Uberti- y su entrega a Jaime, quien lo habría utilizado en su propio beneficio. El vehículo habría permanecido en su poder hasta septiembre de 2007, en lugar de ser usado para el control de un tramo de obra pública en la Ruta Nacional N°9, denominado “Corredor Vial N°3”.

En el segundo hecho se le atribuye a Jaime el haber sustraído el automóvil marca Volkswagen modelo Passat, que fuera entregado por la firma IECSA S.A. a la Secretaría de Transporte para inspeccionar la obra “Alteo de Pedraplen del Ferrocarril General San Martín en Laguna La Picasa”, mediante la utilización a título personal y en su propio beneficio, reteniéndolo y ocultándolo en una cochera alquilada a ese fin, desde el mes de diciembre de 2007 hasta el mes de junio de 2009.

En marzo de este año los magistrados dieron inicio al juicio conocido como “Belgrano Cargas”, en el que se sustancia la responsabilidad de los imputados Ricardo Jaime; el entonces interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa; el ex presidente de la Sociedad Operadora de Emergencia (SOESA), Luigi Capelli;  el ex vice-presidente y director de Belgrano Cargas SA, Ángel Stafforini y la ex presidenta y directora de la empresa Belgrano Cargas S.A, Graciela Coria, por administración fraudulenta agravada por haber sido comedia en perjuicio de la administración pública. Concretamente, el debate versa sobre irregularidades en la licitación, en la ejecución de la obra y el pago de sobreprecios vinculados a la rehabilitación del corredor Tucumán-Concepción.

El Tribunal Oral Federal Nº6 ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes donde se resolverán las cuestiones planteadas.