Ayer, ante el Tribunal Oral Federal N 5 integrado por Daniel Obligado, Oscar Hergott y Adriana Palliotti, comenzó el juicio oral y público contra el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, acusado por la supuesta utilización de fondos de origen público para solventar “cotillón” con consignas dirigidas al Grupo Clarin. También están imputados el ex presidente del Mercado Central Fabián Dragone y los ex vicepresidentes y gerente de dicha entidad, Carlos Martínez y Guillermo Cosentino. La querella los acusó, en su requerimiento de elevación a juicio, por los delitos de incitación a la violencia colectiva y peculado, en concurso real y en calidad de coautores.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la fiscal general Gabriela Baigún, quien sólo actuará a los efectos de custodiar la legalidad y el orden público, ya que los diferentes fiscales que intervinieron a lo largo del proceso no promovieron, en su oportunidad, la acción penal. Los imputados se negaron a declarar. Moreno solicitó que se leyera su declaración  ante el juez federal Claudio Bonadío.  La ministra de Seguridad de la Nación, Patrica Bullrich, fue la primera testigo en hacer uso de la palabra. Hoy hizo lo propio Ricardo Gil Lavedra, quien respondió las preguntas de la querella -Grupo Clarín S.A.- y de los abogados defensores. Su testimonio duró cerca de veinte minutos.
Luego, fue el turno de Néstor Lombardi, Director del Mercado Central entre 2011 y 2012. El testigo respondió a las preguntas de las partes y del tribunal respecto a las tareas que desempeñaba mientras ejercía el cargo como así también el registro de los gastos de la caja chica. Asimismo, afirmó que esos cargos son “cargos públicos” y refirió que el Mercado Central dependía de la Secretaría de Comercio. Dicha oficina, explicó el testigo, era la que controlaba las actividades del Mercado.
Ayer, el debate comenzó  con diversos planteos de los abogadores defensores, que comenzaron solicitando que se declarara la nulidad de la requisitoria de la querella. Además, plantearon la incompetencia, por considerar que el peculado que se les imputa a los acusados corresponde a fondos del Mercado Central y, como éste tiene asiento en el partido de La Matanza, debería intervenir la Justicia Federal de Morón. Así también, requirieron la suspensión de fecha de juicio por no encontrarse completa la instrucción penal suplementaria. Alejandro Rúa está a cargo de la defensa del ex secretario de Comercio.
Daniel Llermano, Hernán del Gaizo y Carlos Beraldi, representantes de los imputados Carlos Martínez y Guillermo Cosentino, plantearon que se trataba de un proceso irregular porque pese a que se les atribuía a los nombrados un delito de acción pública, el MPF no era parte acusadora, por lo que el juicio operaría como una contienda entre Clarín y los imputados.
La representante del Ministerio Público Fiscal respondió a todos los planteos.
Con respecto a los planteos de nulidad de la requisitoria de la querella, recordó que esa cuestión ya se había discutido en el marco de un incidente en el que no se le había corrido vista, pese a que así correspondía. En tal sentido, señaló que, a raíz de esa falta de intervención, había presentado una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, en la que también se había expedido sobre el fondo del asunto. En esa presentación, la representante del Ministerio Público sostuvo que el requerimiento de elevación a juicio era parcialmente nulo, porque la parte querellante no se encontraba habilitada para acusar por un hecho cuya tipicidad la Cámara Federal de Apelaciones había descartado, extremo éste que había quedado firme porque nadie recurrió dicha resolución. En efecto, la alzada había decidido, en oportunidad de su intervención, que la difusión del cotillón anti-Clarín no constituía incitación a la violencia colectiva.
Sobre la cuestión de la competencia, consideró que el Tribunal no podía remitirse, para rechazar el planteo, a una resolución que se había adoptado en los albores del proceso, pues en aquel momento todavía no se encontraba definida la imputación por el delito de peculado. Agregó, además, que la defensa tenía pendiente un recurso extraordinario contra la resolución del Tribunal, por lo que la contienda aún no se encontraba firme y correspondía suspender el juicio por aplicación del art. 49, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.
Por otro lado, con relación a la instrucción suplementaria, la Dra. Baigún indicó que no era parte de su función el control de la prueba, por lo que no debía expedirse acerca de si se habían cumplido o no todas las medidas solicitadas por las partes, y agregó que, sin perjuicio de ello, el art. 359 del Código Procesal Penal de la Nación resulta claro en cuanto a que la audiencia de debate oral debe ser citada 10 días después de culminada la instrucción suplementaria.
Finalmente, con respecto a la cuestión vinculada a la actuación de la querella en soledad, la fiscal general manifestó que dicho planteo ya había sido resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal y que no correspondía apartarse del criterio sentado por dicho tribunal, que se expidió a favor de la posibilidad de que el acusador privado impulsara la acción pública, pese a que la Fiscalía Federal interviniente en la etapa de instrucción había considerado que la conducta reprochada no constituía delito.

La historia de la causa

La denuncia inicial fue realizada por el Grupo Clarín en 2012 luego de la aparición de globos y pancartas que llevaban la inscripción “Clarín Miente” y que eran utilizados por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno en diversos actos. Los abogados de la empresa acusaron a Moreno del delito de incitación a la violencia colectiva.
A lo largo del proceso judicial, el grupo periodístico fue ampliando sus denuncias y sumó a las actuaciones un viaje comercial a Vietnam en el que nuevamente  el “cotillón” con la leyenda de “Clarín Miente” se habría hecho presente.
La causa cayó en el juzgado de Claudio Bonadío. Sin embargo, al corrérseles vista para que eventualmente impulsaran la acción, primero el fiscal federal Federico Delgado y luego el fiscal Eduardo Taiano propugnaron la desestimación de la denuncia, por entender que la conducta no configuraba delito alguno.

El juez archivó y, contra esa decisión, los abogados querellantes apelaron la medida. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada entonces por los jueces Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero, confirmó la decisión del juez de primera instancia, respaldando a su vez la posición de los fiscales federales. Este decisorio fue consentido por el Fiscal ante esa Cámara, pero recurrido por la querella. Ante ello, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que correspondía investigar los extremos denunciados por la querella y que, ante la postura desestimatoria del Ministerio Público Fiscal, el proceso debía proseguir con la sola intervención de la querella. Esta decisión quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario presentado por la Fiscalía General N° 1 ante la CFCP.

El juicio se reanudará el próximo martes a las 9.30 horas.