03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen el fiscal General Alberto Lozada y el fiscal Federal Guillermo Lega
Comenzó el juicio por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero
Ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba se dio inicio al juicio oral y público que busca determinar la responsabilidad de los cuatro imputados que llegaron a esta instancia. Los jueces descartaron las nulidades que habían planteado las defensas, a la vez que el ex Coronel González de la Vega fue el único en prestar declaración indagatoria.

Después de 19 años, comenzó ayer el juicio oral y público que busca determinar las responsabilidades penales de los cuatro imputados que llegaron a esta instancia del proceso por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. Se trata del ex director de Producción de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Carlos Jorge Franke; el ex director de Coordinación de la DGFM, Edberto González de la Vega (debía estar al tanto de la situación interna de cada fábrica); el ex director de la Fábrica Jorge Antonio Cornejo Torino, y el ex jefe de la División Producción Mecánica de la Fábrica, Marcelo Diego Gatto. Mientras que Norberto Osvaldo Emanuel fue excluido por fallecimiento.

El proceso, llevado a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba (compuesto por los jueces José María Pérez Villalobo, José Fabián Asís y Carlos Julio Lascano), comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la querella (que representa a las dos hijas de Ana Elba Gritti, quien perdió la vida a causa de la explosión) y del Ministerio Público Fiscal. Al finalizar, los defensores de los imputados plantearon una serie de nulidades respecto a los requerimientos y al auto de elevación a juicio del juez.

Además, en el caso de Franke, el defensor oficial Hugo Germán Burgos solicitó una excepción de falta de acción contra su defendido. En concreto, señaló que el ex Director de Producción de la Dirección General de Fabricaciones Militares ya había sido perseguido penalmente por este hecho y sobreseído en noviembre de 1995. Por eso, consideró que correspondía que se le aplicara la garantía de non bis in ídem, que prohíbe que una persona sea juzgada más de una vez por el mismo delito.

Por su parte, el fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada, que junto a la fiscal Federal de Río Cuarto, Guillermo Lega, representan al MPF, se encargó de señalar que todos los argumentos de la defensa ya habían sido resueltos en las instancias anteriores, por lo cual, desde el año 2008, se venían confirmando tanto los procesamientos como los requerimientos de elevación a juicio así como el auto de elevación con el que juez federal avaló lo solicitado por las partes. Incluso, Lozada recordó que el planteo respecto a la garantía de non bis in ídem había obtenido respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 19 de marzo de 2013. En esa oportunidad, el máximo tribunal del país hizo suyos los argumentos del dictamen del entonces procurador General Esteban Righi, y determinó que el proceso que se seguía contra Franke correspondía a hechos nuevos, distintos a los que habían sido resueltos en 1995. Luego de esto, los jueces pasaron a un cuarto intermedio para deliberar los planteos.

Mientras tanto, en una sala apartada del Tribunal, las esquirlas de la explosión aún parecían perseguir a los afectados de aquel fatídico 3 de noviembre de 1995. Antes de las nulidades, a medida que el secretario relataba lo sucedido, los vecinos de Río Tercero presentes vislumbraban aquel día en cada uno de sus gestos. Muecas de asentimiento, de reprobación, algunas de indignación se confundían con ojos lacrimosos de los rostros ya percutidos por el paso del tiempo. Y por creer que el día de hoy nunca iba a llegar. Pero lo hizo, y entre el asombro y el extrañamiento que inundaba, por ejemplo, la cara de José, que perdió una pierna por una granada que le cayó encima mientras intentaba escapar de la explosión en su moto, o la de Cristina, cuyo hogar quedó hecho pedazos en pocos segundos, entre esa perplejidad, asomaba una felicidad atemperada por una justicia que tardó 19 años en empezar a llegar.

Cuando regresaron del cuarto intermedio, los jueces indicaron a los defensores que iban a rechazar todos sus planteos de nulidades, y señalaron que el día de la sentencia darían a conocer los fundamentos. Luego, pasaron a identificar a cada uno de los acusados. De esta manera, Cornejo Torino, Gatto, Franke y González de la Vega compartirían sus datos personales con el tribunal y el resto de los presentes.

Entre las particularidades que conformaban cada historia de vida de los imputados, puede destacarse que Cornejo Torino fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia; que en diciembre de 2013 Gatto fue juzgado y absuelto en la megacausa por violación a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar realizada en Salta, circunstancia que se encuentra a la espera de que sea revisada por la Cámara de Casación luego de la apelación del fiscal.

Por su parte, Franke informó que estuvo seis meses preso por su responsabilidad en la causa “Armas”, y que en la actualidad trabaja para Nordelta SA como encargado de las relaciones entre locatarios y locadores de los negocios gastronómicos del barrio ubicado en el municipio bonaerense de Tigre. Por último, González de la Vega señaló que también había estado detenido por la causa “Armas” y que en su caso el tiempo tras las rejas fue de poco más de dos años.

Indagatorias

Concluido el acto de reconocimiento, los jueces pasaron a preguntarles a los acusados si deseaban prestar declaración indagatoria. El único que aceptó declarar en esta etapa fue González de la Vega. A lo largo de más de dos horas, trató de desligarse de la explosión, así como también contestó todas las preguntas que le hicieron las partes y el tribunal.

En primer lugar, indicó que la FMRT no dependía de él; sólo se dirigió al lugar recién el 25 de noviembre por orden del entonces Ministro de Defensa de la Nación Oscar Camilión. Señaló que ese pedido se debió a su rol como Director de Coordinación de cuestiones institucionales, Industriales y de Servicio de DGFM. Una vez allí, dijo que primero realizó tareas institucionales, como reuniones con sindicatos y autoridades locales, y luego, por orden de sus superiores, se encargó de “evitar” una tercera explosión, para lo cual hizo “desaparecer” el material que se encontraba diseminado por toda la ciudad. En ese proceso de recolección agregó que fue ayudado por Gendarmería Nacional, la policía provincial y más tarde también por el Ejército Argentino.

Sin embargo, pese que a esa altura ya había sido nombrado director de FMRT, González de la Vega no pudo responder de qué se trataba el material recolectado, cuál era el faltante de la fábrica, qué mecanismos de control se emplearon para fiscalizar lo que ocurría allí dentro mientras se evitaban nuevas explosiones, así como tampoco jamás escuchó comentarios de los que pasaron a ser sus subordinados respecto a qué hipótesis tenían sobre las causas de la voladura. Finalmente, remarcó que el trotyl, el elemento que inició la fatalidad, sólo puede ser accionado por un detonador especial y no, por ejemplo, por el mero contacto por el fuego, lo que hizo suponer que la explosión tenía nada de casual.

Próximas audiencias

Hoy, a partir de las 9:00, comenzaron a declarar los testigos de la causa. En primer turno, y a lo largo de las próximas cuatro jornadas (que, además de la de mañana, serán el martes 19, miércoles 20 y martes 26), está planificado que lo hagan los peritos que intervinieron en el expediente. Luego será el turno, entre otros, de las víctimas.