El Tribunal Oral en lo Criminal Nº16 comenzó ayer el juicio con la lectura del requerimiento de elevación realizado por la fiscal Susana Calleja, en el que se describen los siete hechos que se les imputan. Luego, continuó con las indagatorias aunque todos los acusados se negaron a declarar, por lo que se incorporaron las declaraciones de quiénes sí hablaron durante la instrucción de la causa. Los siete imputados deben responder por el delito de extorsión, algunos en grado de tentativa. La pena prevista, según el artículo 168 del Código Penal, va de los cinco a los diez años de prisión.

Para la audiencia de hoy, los jueces Ines Cantisani, María Cristina Bértola y Gustavo González Ferrar tienen fijado escuchar a 15 testigos. La Fiscalía solicitó alrededor de 40, quienes declararán a lo largo de las próximas dos semanas. Está previsto que, antes de fin de mes, haya sentencia.

Cómo comenzó la causa

El 6 de febrero de 2014, uno de los damnificados realizó una denuncia ante la Comisaría 24ª de La Boca. En su presentación, relató que recibió una llamada de un hombre quién le dijo que tenía a su hermana secuestrada. De fondo, explicó la víctima, se escuchaba una mujer llorando. Para liberarla, le pedían dinero pero finalmente él pudo contactarse con su familiar sin llegar a concretar el pedido.

A partir de la denuncia, se habilitaron escuchas telefónicas y comenzó a participar la División Antisecuestros de la Policía Federal. La clave fue la intervención y seguimiento del teléfono de uno de los imputados: así, se descubrieron los teléfonos que utilizaban los otros miembros de la banda para realizar los “secuestros virtuales”, siempre de una manera semejante.

La maniobra se daba de manera organizada. Extorsionaban a sus víctimas exigiéndoles joyas y dinero, en algunos casos hasta 50 mil dólares, a cambio de liberar a los allegados que estaban supuestamente secuestrados. Las llamadas se producían de madrugada: simulaban tener al familiar, mientras otro miembro de la banda actuaba como si estuviera cautivo y lloraba pidiéndole a la víctima que le entregara a los captores lo que estos le pidieran.

Los roles estaban definidos. Según la fiscal de instrucción, había una figura femenina, quien cumplía el rol de “llorona” y que aparentaba ser la persona secuestrada. Estaba también el “falso captor”, quién era el encargado de establecer la comunicación y coordinar con la víctima la entrega del “botín”. También, había “recogedores”, que retiraban el dinero o lo que fuera entregado como rescate.

Entre febrero y mayo de 2014, los imputados realizaron llamadas a diversos domicilios de la Capital Federal. Boedo, Retiro, Villa Urquiza, Caballito, Villa Pueyrredón son algunos de los barrios donde fueron a buscar “los pagos”. Las comunicaciones se daban entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, principalmente los fines de semana. En cinco de los siete hechos que se les imputa, los damnificados entregaron parte del dinero y las joyas que les reclamaban los supuestos captores.

Para la fiscal Calleja, los imputados infundieron “temor” en las víctimas mediante amenazas, y así lograron que entregaran su dinero para evitar algún tipo de daño.

Durante los allanamientos a los domicilios de los imputados, realizados en mayo de 2014, se secuestraron varios autos de alta gama, dinero tanto en pesos como en divisas extranjeras y muchas joyas. Según el requerimiento de instrucción, “parte de ello es producto de la actividad ilícita que llevaba a cabo todo el grupo que, además de las relaciones que los vinculan por su participación en este tipo de hechos, también ostentan lazos familiares”. Actualmente, los imputados se encuentran detenidos.