El lunes 30 de marzo, comenzará el juicio contra el ex juez en lo penal económico Carlos Alberto Liporace, quien llega al debate oral y público acusado por la sustracción de más de 8 millones de pesos que habrían sido destinados a la empresa YOMA S.A., cuyo titular, Guillermo Yoma, también será juzgado. Ante el Tribunal Oral Federal N°5 intervendrá el fiscal general Diego Luciani.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal de instrucción Federico Delgado les imputó a Liporace y Yoma haber orquestado y participado, respectivamente, “en la maniobra por la cual se sustrajo la suma de 8.544.050,73 embargada a la AFIP-DGI”. El 8 de mayo de 2002, Liporace le requirió a la Cámara Civil, Comercial y de Minas de la II Circunscripción de Chilecito, La Rioja, que pusiera a disposición de su juzgado el depósito a plazo fijo de 11.473.127 pesos más los intereses, transferencia que se realizó en julio de ese año. Luego, habría dispuesto el traspaso a una de las cuentas de la firma, a pesar de que la cuenta de AFIP/DGI estaba sujeta a una medida cautelar de no innovar dispuesta por el juzgado federal de La Rioja; esa circunstancia, según la acusación, era conocida por el ex magistrado. La intervención de Liporace se produjo en el marco de una causa en la que se investigaban posibles infracciones al régimen penal tributario.

Irregularidades denunciadas

La causa en la que está imputado Liporace comenzó con una denuncia realizada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Las irregularidades advertidas por los jueces Marcos Grabivker, Carlos Pizzatelli y Roberto Hornos consistieron en que el juez dispuso las transferencias sin previo traslado al representante del Ministerio Público Fiscal ni a la querella, la primera transferencia, y tampoco a la empresa, la segunda transferencia. Además, tampoco fundó las decisiones “en norma legal alguna”. Aunado a ello, Liporace habría configurado la sustracción de las sumas mencionadas del proceso concursal del control de la sindicatura y de la entidad recaudadora (AFIP/DGI), que cuestionaba el reclamo de Yoma.

El 17 de julio de 2002, Yoma concurrió personalmente a los estrados del juzgado a cargo de Liporace y le fue entregado el cheque N°0026182 por el monto mencionado. El hecho se habría materializado cuando el Juzgado designado para intervenir tras el apartamiento de Liporace intimó a Yoma a reintegrar los 8 millones; pero el empresario ya los había utilizado e impidió el retorno de los fondos públicos a las arcas del Estado.

La calificación legal invocada en la causa es “sustracción de caudales públicos” en calidad de autor para Liporace, y como partícipe necesario, para Yoma. Más allá de que nunca se pudo recuperar el dinero, lo actuado desembocó en la acusación, suspensión y -posteriormente- renuncia de Liporace.

El juicio llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, integrado por Oscar Hergott, Sergio Paduczak y Ángel Nardiello, comenzará por la mañana.