A pedido de la fiscalía federal de Campana, a cargo de los fiscales Pedro Rebollo y Fabián Matilla, la justicia ordenó el procesamiento de los integrantes de una organización criminal que había secuestrado a un joven comerciante de la localidad bonaerense de Presidente Derqui. Se trata de seis personas que tuvieron distintos grados de participación en el secuestro extorsivo de un hombre de 20 años, ocurrido el 8 de julio pasado. Además, ordenó la captura nacional e internacional de un séptimo miembro de la organización, Lucas Godoy Barbosa, que habría participado del secuestro.

Cuatro de los procesados están imputados como coautores del secuestro agravado por haberse cobrado el rescate y haber sido “cometido por más de tres personas, en concurso real con los delitos de robo calificado por el uso de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haberse desarrollado en lugares poblados y en banda y lesiones leves -éste último en concurso ideal con el antes señalado-”. Se trata de Sandro David Gálvez, Federico Ezequiel Ferreyra, Jorge Osvaldo Airas y Mariano Norberto Silva, sobre quienes además se dispuso la prisión preventiva y se trabó, sobre cada uno de ellos, un embargo de 600 mil pesos.

Asimismo, se procesó al subinspector de la policía de la provincia de Buenos Aires Christian David Dona por encubrimiento agravado, debido a la gravedad del secuestro y a su rol de funcionario público. El juez, tal como lo había solicitado la fiscalía, ordenó la inmediata detención del oficial y le trabó un embargo por 300 mil pesos. Finalmente, José Alberto Silva, el padre de Mariano, fue procesado por tenencia de arma de fuego, y se le dictó, por el momento, la falta de mérito respecto a su posible participación en el secuestro.

El hecho

La maniobra delictiva comenzó el 8 de julio pasado, alrededor de las 19, cuando la víctima y su padre estaban cerrando el local que poseen. En ese momento, se acercaron tres hombres vestidos de policías. Tras un intercambio de palabras, los captores apuntaron al joven y a su padre con armas de fuego y les ordenaron ingresar al comercio y desactivar la alarma. Allí, los ahora procesados, según describió el fiscal Rebollo, “se apoderaron ilegítimamente de la suma de aproximadamente $100.000 que poseía el padre de la víctima en su local comercial, como así también aparatos celulares y tarjetas telefónicas. Asimismo, hirieron a la víctima y a su padre con un elemento cortante en sus muslos, con el objeto de intimidar y poder obtener más dinero”.

Luego, subieron al joven a bordo de la camioneta de su padre, y llamaron a la madre, que se encontraba en el hogar familiar, para pedirle el pago de un millón de pesos a cambio de la liberación de la víctima. La mujer sólo pudo darles 8 mil pesos, tras lo cual, los captores liberaron a su hijo.

La investigación

Denunciado lo ocurrido ante las autoridades, desde la fiscalía federal se comenzó a investigar el entorno comercial de la víctima. De esa manera, en un primer momento surgió la sospecha sobre un ex empleado –despedido algunos días antes-, lo que motivó el pedido de intervenciones telefónicas al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación (DICOM). El fiscal Rebollo destacó que gracias a las escuchas ordenadas, “donde fue fundamental la rápida y eficaz colaboración del personal de la DICOM, se logró obtener un cuadro probatorio plenamente hábil que permitió proceder a la identificación de los responsables del hecho”.

Por otra parte, la investigación también arrojó que el subinspector Dona, quien trabajaba en la Comisaría de San Fernando, había dado cobertura al prófugo Godoy Barbosa para que no pudiera ser detenido. En este sentido, también fue fundamental la asistencia de la DICOM, que, “gracias a la celeridad en la conexión de los abonados intervenidos, el trabajo en directo con ubicación de antenas y comunicación en vivo entre la DICOM, la Fiscalía y la fuerza de prevención, permitió determinar la identidad del funcionario policial que colaboró con la fuga del prófugo”, resaltó el fiscal federal.

Por otra parte, en los allanamientos solicitados por los representantes del MPF se logró recuperar parte del rescate requerido, armas, los uniformes policiales utilizados al momento del secuestro, una motocicleta que -según las escuchas producidas- habría sido adquirida con el dinero obtenido por los secuestradores y una importante cantidad de aparatos de telefonía celular, también utilizados durante la maniobra delictiva.