El titular del Juzgado Federal N°2 de San Isidro, Lino Mirabelli, concedió la suspensión del proceso a prueba en favor de diez personas que eran investigadas por realizar amenazas anónimas contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa y titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini. En el caso intervino el fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.

Las personas acusadas deberán realizar entre 130 y 210 horas de tareas comunitarias en distintas instituciones, abonar entre 20.000 y 200.000 pesos, en concepto de reparación económica, y entregar -en favor del Estado- los bienes que les fueran oportunamente secuestrados.

Además, deberán observar las normas de conducta establecidas por el juez, como: fijar residencia por el término de la probation, responder a todas las convocatorias del juzgado, comunicar cualquier cambio de domicilio, efectuar el curso “Introducción a los Derechos Humanos” de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

Además, uno de los hombres también deberá realizar el curso virtual “Micaela para la ciudadanía” organizado por la Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

El caso

La investigación se inició el 2 de septiembre de 2020, a raíz de la denuncia efectuada por Malena Galmarini ante la Unidad Funcional de Instrucción Rincón de Milberg-Tigre Centro del Departamento Judicial de San Isidro. En dicha oportunidad, la titular de AySa denunció que se había difundido su teléfono particular y el de su marido en distintas redes sociales, tras lo cual ambos comenzaron a recibir mensajes intimidatorios e injuriantes a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Oportunamente, el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de San Isidro declinó competencia en favor de la Justicia Federal, dado que las intimidaciones recibidas por las víctimas tenían como destinatario a Massa, quien se desempeñaba como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cuando se filtraron los datos de sus líneas telefónicas durante una sesión parlamentaria, por lo que ello comprometía un interés de la Nación.

Así, en el marco de la investigación desarrollada se logró identificar a diez hombres y una mujer, como los responsables de los mensajes intimidatorios.

En virtud de ello, el 27 de diciembre de 2022, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la investigación, contra diez hombres y una mujer, como autores del delito de amenazas anónimas. Ello, por considerar que enviaron, desde sus respectivas líneas telefónicas y en forma anónima, mensajes intimidatorios -a través de la aplicación WhatsApp- a Massa y Galmarini, con el fin de alarmarlos, amedrentarlos e infundirles temor.

Suspensión del proceso a prueba

Oportunamente, las defensas de diez de los imputados solicitaron la aplicación de la suspensión del proceso a prueba.

Así, previa consulta a las víctimas, el representante del MPF consideró que debía hacerse lugar al pedido, pero aclaró que cada frase empleada era distinta y algunas tenían mayor entidad, por lo que cada caso debía analizarse en particular.

Finalmente, el 28 de abril pasado, el juez federal Mirabelli, en base a la propuesta formulada por la fiscalía, hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba por el término de dos años y seis meses en favor de uno de los imputados, dos años respecto de otros ocho implicados, y un año y nueve meses para el restante, y les impuso la obligación de realizar entre 130 y 210 horas de tareas comunitarias, en diversas instituciones.

También, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, deberán abonar las sumas de entre 20.000 y 200.000 pesos, en concepto de reparación económica, que serán destinadas a la Asociación Civil “Pequeños Pasos”, de la localidad bonaerense de Loma Hermosa. Además, de acuerdo con lo requerido por la fiscalía, las personas imputadas deberán abandonar, en favor del Estado, los teléfonos secuestrados que utilizaron para cometer el delito.

Por otra parte, el juez les impuso la obligación de observar las normas de conducta. Por lo que deberán fijar residencia por el término de la probation, responder a todas las convocatorias del juzgado, comunicar cualquier cambio de domicilio y efectuar el curso “Introducción a los Derechos Humanos” de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

Asimismo, uno de los hombres también deberá realizar el curso virtual “Micaela para la ciudadanía” organizado por la Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.