Carlos Gonella, titular de la Fiscalía General Nº2 ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, alegó ayer en la causa que tiene por acusado al Comisario Mayor retirado Ariel Ángel Ávila y al Suboficial Mayor retirado Rubén Adrián López por falsedad ideológica. Los jueces del tribunal condenaron a los policías  a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, por el delito de falsedad ideológica. Además, resolvieron inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a Ávila, y ocho años, en el mismo sentido, a López.

El representante del MPF consideró probado que los acusados confeccionaban documentos públicos invocando falsamente directivas de magistrados provinciales y federales, con la finalidad de requerir información a empresas prestatarias de telefonía celular –claro, personal, nextel- sobre llamadas entrantes y salientes de determinados abonados, como así también, de mensajes de textos y datos sobre ciertas titularidades de líneas telefónicas, entre otros.

La modalidad delictiva siempre era la misma. Los imputados hacían requerimientos oficiales con forma verdadera, pero con tenor falso, ya que invocaban directivas de magistrados jueces y fiscales, cuando en realidad estos nunca las emitieron. De esa forma, solicitaban a las prestatarias de telefonia la información, haciendolas incurrir en el error de que se fundaban en disposiciones de las autoridades judiciales, cuando en realidad eran falsas. Al Comisario Ariel Ángel Ávila se le imputaron once hechos y al Suboficial Rubén Adrián López veinte.

Durante el debate, el tribunal recibió la declaración de varios testigos, entre ellos, policías ex compañeros de los acusados. Así también, los jueces contaron con pericias caligráfica e informática que acreditaron la maniobra falsearia. El fiscal Gonella consideró como agravante que al momento de los hechos, los imputados eran funcionarios públicos y que la maniobra implicó una grave intromisión al ámbito de intimidad de las personas titulares de las lineas de teléfono cuya información era fraudulentamente solicitada.

La elevación a juicio

Dicho requerimiento lo realizó la fiscal federal Graciela López Filoñuk, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 3 de la provincia de Córdoba, en junio de 2015. Según se desprende del documento, la representante del MPF señaló que “los elementos de prueba reunidos hasta el presente son suficientes para acreditar, con el grado de convicción exigido por esta etapa procesal, la existencia de los hechos y la participación de los imputados en su comisión.”

La fiscal detalló las 33 maniobras que fueron investigadas. Los imputados falseaban oficios judiciales  de magistrados provinciales y federales con la finalidad de requerir información a empresas prestatarias de telefonía celular, entre otras. Los hechos se habrían cometido entre 2007 y 2009.

Finalmente, la fiscalía agregó que “de la pericia informática surgen varios modelos de oficios judiciales, firmas y sellos escaneados pertenecientes a funcionarios y magistrados  y sus dependencias (..). Ello concuerda con la descripción de las maniobras denunciadas yresulta ilustrativo de la actitud dolosa demostrada  por los imputados en su accionar.”