El Tribunal Oral Federal Nro 5 condenó a ocho mujeres, ex agentes de la Policía Federal, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la tramitación de la cédula de identidad y pasaporte, cuando la gestión de esa documentación se encontraba a cargo de la Sección Timbrados del Departamento de Identificaciones Personales de esa fuerza de seguridad, donde las condenadas se desempeñaron hasta el año 2004. En el juicio intervino el fiscal general Diego Luciani.

Las penas dictadas por los jueces Oscar Hergott, Angel Nardiello y Sergio Paduczak fueron de tres años de ejecución en suspenso e inhabilitación especial perpetua, tal como lo solicitara el titular de la Fiscalía General Nro1. El monto total del perjuicio al Estado se determinó en más de 735 mil pesos, calculado sólo sobre la base de las personas que realizaban el trámite por primera vez en el edificio ubicado en la calle Azopardo de la Capital Federal, entre los años 2000 y 2004.

La maniobra

Las condenadas son Mirta Isabel Noir, Silvina Angélica Pucci, María Cristina Venanzo, Viviana Laura Carbonelli, Romina Alejandra y Lorena Beatriz Orozco, Nancy Judith Carstens y María Laura Thouzeau, quienes eran agentes de la Sección Timbrados del Departamento de Identificaciones Personales de la PFA y tenían a cargo varias cajas del sector.

La maniobra consistió en el ingreso y cobro de un primer formulario de solicitud de documentación -cédula, pasaporte o certificado de antecedentes-, al que le asentaban el correspondiente timbrado expedido por la máquina que tenían asignada; luego, percibían ilegítimamente el cobro de un segundo trámite por idéntico valor que el primero, que no era ingresado al sistema y al que no imprimían un nuevo timbrado, sino el ticket correspondiente a la operación anterior, que no había sido entregado a la persona interesada. El perjuicio, indicó Luciani en el debate, era contra la Policía Federal Argentina (PFA), cuando la emisión de dichos documentos estaba a cargo de esa fuerza de seguridad.

El monto total de la maniobra atribuida a las imputadas ascendió a la suma de 735 mil pesos, cometida en el período comprendido entre marzo de 2000 y febrero de 2004. La defraudación comenzó a ser develada cuando el subinspector encargado de contabilizar el dinero de los trámites, nuevo en sus funciones, notó un sobrante. Asimismo, el día 12 de ese mes, dos personas se entrevistaron con el comisario inspector a raíz de la ilegibilidad de los timbrados de sus solicitudes de documentación y la falta de entrega de los comprobantes de pago del trámite.

Durante su alegato, el fiscal general Diego Luciani señaló que las mujeres “compartieron la actividad durante largos períodos de tiempo”, lo cual dio cuenta de “un alto grado de acercamiento y conocimiento” entre ellas. Por otra parte, recordó que se realizaron inspecciones en el lugar y un peritaje técnico a cargo de la Dirección de Policía Científica que arribó “a la conclusión categórica” de que era posible realizar la maniobra.

Asimismo, en la etapa de instrucción se le recibió declaración testimonial a más de 100 personas, que coincidieron en que no les entregaban el ticket de pago correspondiente, lo que revelaba la ejecución de la “ingeniosa acción ilícita”, tal como la calificó el representante del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido fue que se secuestraron más de 3.800 formularios con esas irregularidades.

La calificación legal del delito por el cual recayeron las condenas fue “defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública”, todas en calidad de autoras. Una parte de la investigación continúa tramitándose en la etapa de instrucción, con la intervención de la fiscalía federal N°5; allí la pesquisa alcanza a jefes de diversas divisiones de la Policía Federal Argentina por la misma maniobra.