El Tribunal Oral en lo Criminal Nº22 condenó a un empleado de seguridad del Sanatorio Centro Gallego a ocho años de prisión por haber matado a uno de sus compañeros dentro de una oficina ubicada en el sector de ingreso a la guardia. A Luis Oscar Franco, de 27 años, se lo encontró responsable del delito de “homicidio doloso en concurso ideal con portación ilegítima de arma de uso civil sin la debida autorización legal”. Durante su alegato, el fiscal Marcelo Martínez Burgos había solicitado la misma pena para el hombre, pero había considerado que se trataba de un homicidio con dolo eventual.

El hecho ocurrió cerca de las 8:30 del 29 de mayo de 2015, dentro del centro de salud ubicado en el barrio de Balvanera. Luis Herrera, de 49 años, se encontraba sentado en su escritorio cuando llegó el ahora condenado. Según sus compañeros de trabajo, quienes fueron testigos de la situación, habían “bromeado” sobre el horario de llegada y el festejo de cumpleaños de Franco. En ese momento, el joven se levantó de su escritorio, se acercó a la víctima que se encontraba sentada a pocos metros y, tras apuntarle con su arma en la sien, accionó la pistola y le disparó. Inmediatamente, sus compañeros llamaron a la guardia del Centro Gallego para que lo atendieran. Herrera falleció ese mismo día, a las 20:30.

En su indagatoria, Franco admitió que no tenía permiso para utilizar la pistola y que la había comprado para protegerse, luego de haber sufrido un robo. Cabe resaltar que si bien eran personal de seguridad del Centro, tenían prohibido utilizar armas en el trabajo. Dijo, además, que guardaba la pistola Bersa 22 siempre en un cajón y que aquél día, cuando estaba por guardarla, “se disparó sola y le impactó a Luis en la cabeza”.

Tanto el fiscal como los jueces Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak y Patricia Cusmanich consideraron que esa versión fue desmentida por los testigos y por los informes de la autopsia y el peritaje balístico. Según las evaluaciones, el disparo se produjo a una distancia cercana “no descartándose que se trate de un contacto laxo”. En medicina forense, se denomina 'contacto laxo' a la distancia de entre 0 y 20 centímetros, lo que contradice la versión del imputado sobre que el disparo fue a varios metros de distancia.

En la indagatoria, Franco aseguró que había tomado la pistola por la culata y que se había disparado sola. En el alegato, el representante del Ministerio Público tomó en cuenta la declaración del perito balístico, quién dijo que no era posible que se disparara de esa manera y que el imputado debía haberla empuñado. También, hay en la causa un informe de la División Balística de la Policía Federal Argentina, donde se detalla que tenía un “funcionamiento normal”.

Para Martínez Burgos, se trató de un homicidio con dolo eventual ya que el hombre sabía que el arma utilizada era letal y  no sólo se la puso en la cabeza de un compañero sino que “traspasó esa linea y le provocó la muerte”. Consideró que “no hizo nada para evitar el peligro de la producción del resultado”. No obstante, para Nardiello y Paduczak se trató de un homicidio doloso, ya que el imputado tuvo “conocimiento que apuntando un arma desde corta distancia a la cabeza del damnificado y presionando la cola del disparador, se iba a producir un disparo que muy probablemente generaría su muerte, aún si confiara que dicho resultado no se produciría en este caso concreto”.

La defensa había sostenido que el hecho “un error” y había solicitado que se lo condene por un homicidio culposo. En esa misma línea falló, en minoría, la juez Cusmanich, que consideró que el condenado actuó “de manera imprudente”. Franco se encuentra detenido desde el día de los hechos en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz y el Tribunal estableció que su libertad deberá hacerse efectiva el 28 de mayo de 2023.