En el marco de un juicio abreviado donde intervino el fiscal Santiago Vismara, el Tribunal Oral en lo Criminal 24 estableció penas de entre 3 y 9 años de prisión a cuatro acusados de haber cometido  robos reiterados con armas de fuego, bajo la modalidad conocida como “salideras bancarias”.

Los hechos tuvieron lugar entre 2010 y 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como denominador común, uno de los imputados –simulando realizar una operación por caja- intervenía al interior de la entidad bancaria con la tarea de identificar a la víctima en función de la extracción dineraria que efectuaba, para luego “marcarla” a sus cómplices. Una vez en la vía pública, éstos efectuaban el seguimiento y la interceptación para, mediante el uso de armas de fuego, desapoderar a la víctima del dinero previamente extraído, así como de otras pertenencias.

La mayor condena recayó en Juan José Maturana Larach (9 años), ya que el tribunal tuvo en cuenta su participación en catorce hechos, ya sea en calidad de co-autor o de partícipe necesario. El imputado contaba con una condena previa a diez años y seis meses de prisión por un pronunciamiento del TOC 26 de abril de 2014 por lo que, en función del tiempo transcurrido en prisión, el Tribunal le unificó la pena en 17 años, que vencerá en enero de 2025. En tanto, el acusado Matías Kraft recibió 5 años y ocho meses, mientras que para Diego Peláez y Augusto Lizaso la condena fue de 3 años de prisión. En el caso de los dos últimos, se les unificaron las penas en cuatro años y seis meses, y nueve años y tres meses de prisión, respectivamente, al contar con condenas previas.

Todos los acusados admitieron su responsabilidad en los hechos analizados, mediante la suscripción y ratificación del respectivo acuerdo que dio origen al juicio abreviado, “sin argüir algún elemento que los exculpara”.

Colaboración de la DATIP

A la hora de evaluar las pruebas, los jueces Marcelo Alvero, Raúl Llanos y María Maiza sostuvieron que los distintos elementos que se fueron “aunando a la manera de un rompecabeza” durante la investigación permitieron otorgar certeza tanto respecto a la ocurrencia de los hechos atribuidos a los imputados  como al grado de participación de cada uno de ellos en los mismos, circunstancia que quedó ratificada con la admisión de responsabilidad efectuada al optar por el juicio abreviado.

En ese marco, los camaristas destacaron el aporte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF, a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, que elaboró un informe con la descripción de la metodología desarrollada por la banda para cometer los ilícitos , y el rol asignado a cada uno.

“El mismo da cuenta del modus operandi empleado por la banda: un señalamiento de la potencial víctima en función de la importancia de la operación bancaria que realizara (que importara la extracción de una importante suma de dinero), el seguimiento con el auxilio de una motocicleta y finalmente la intercepción del damnificado a quien se intimidaba con armas de fuego exigiéndole la entrega del dinero que se sabía había retirado del banco”, señalaron los camaristas.

Respecto a las penas establecidas, los magistrados tuvieron en cuenta que se trató de ilícitos previa y especialmente planificados, con distribución de roles entre una pluralidad activa de participantes y que siempre lograron consumar el desapoderamiento de, en su mayoría, importantes sumas de dinero recientemente extraídas de los bancos. “Estamos ante hechos entonces de gran trascendencia y magnitud, lo que debe ser merituado en el reproche a formular por el grado de culpabilidad demostrado por los imputados, en tomar la decisión libre y voluntaria de participar activamente en un plan criminal”, sostuvieron.