Los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Armando Márquez condenaron a un año y medio de prisión en suspenso al penitenciario Juan Carlos Leiva por los delitos de “vejaciones y lesiones leves” contra un detenido de la Unidad N°9 de Neuquén. Del debate, participó el fiscal federal Adrián García Lois, que había solicitado dos años.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén le fijó al guardiacárl, además, una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por tres años y las costas del proceso. También, le impusieron una serie de reglas de conducta, como establecer domicilio y prestar trabajos gratuitos a favor de la comunidad en una institución que elija. En caso de no cumplir con las reglas fijadas, el Tribunal le advirtió que revocará la condicionalidad de la pena que le otorgaron. Por otra parte, los jueces absolvieron al enfermero que atendió a la víctima el día de las agresiones, en línea con lo que había solicitado el representante del Ministerio Público.

Los hechos

El 27 de abril de 2007, Agripino Rubio se dirigía, junto con otros detenidos del Pabellón 2 de la U9 de Neuquén, al sector de talleres para trabajar. Alrededor de las 8:50, Leiva (integrante del Cuerpo de Requisa) lo separó del grupo porque no se había afeitado y, apoyándolo contra una pared, le dio cachetadas, golpes de puño en el abdomen y un golpe con su rodilla en la zona de la cintura.

Luego, Rubio volvió al pabellón, donde varios testigos lo observaron cojeando. Según la declaración que hizo antes los jueces, los golpes eran “normales” dentro de la cárcel: “Ya estaba acostumbrado a lo que llaman el verdugueo diario”.  Pero que esta vez, le dijo al encargado que “no se la iba a bancar, porque no había hecho nada para que le pegaran” y le manifestó que iba a hacer la denuncia.

Ese mismo día, la Fiscalía de Primera Instancia de Neuquén recibió la llamada de Rubio, donde solicitaba ser revisado por un médico. Como consecuencia de esto, se dispuso su traslado a la dependencia judicial y luego fue revisado por un médico de la Policía Federal Argentina.

En su voto, el juez Coscia aclaró que es una “maniobra común en ilicitudes cometidas dentro de ámbitos carcelarios” el separar a uno de los detenidos para que los otros no pueda presenciar los golpes. Esto se da, según el magistrado, en un ámbito de desigualdad entre víctimas y victimarios, que aparece utilizado como “mecanismo de impunidad en acciones de este tipo”.

El magistrado, al igual que sus colegas Krom y Márquez, valoraron la declaración de la víctima, respaldada por los informes médicos que constan en el expediente y por las declaraciones de los testigos, que escucharon los ruidos de los golpes. Hicieron hincapié en que la declaración adquiere “un valor preponderante en virtud de las asimétricas situaciones de los involucrados: uno tiene y ejerce el poder y otro le toca ceñirse estrictamente a cuanto dispone el agente”.

Los jueces validaron el cambio de calificación que planteó García Lois, (que solicitó condena por “vejaciones”) a diferencia del requerimiento de elevación a juicio, realizado por la fiscal María Cristina Beute, donde se le imputaba “apremios ilegales”. Esto es porque los golpes propinados a Rubio fueron como consecuencia de la falta de “algo” (en este caso, estar afeitado).

“La habitualidad de ‘cachetadas’ o ‘toques’ grafican con solvencia el constante y, por cierto, trágico proceso de humillación al que era sometido el interno” fundamentaron los magistrados. Finalmente, sostuvieron que la causa graficó el fenómeno de “naturalización de la violencia institucional”. “Todo una vergüenza, todo una tragedia, toda una falta de Estado en un tema tan sensible e importante como es la custodia de personas privadas de libertad”, concluyeron.