El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 condenó a un año de prisión a un hombre que le vendió entradas falsas a cuatro personas que querían asistir al festival Creamfields. Luis Alberto Bestard aceptó su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado realizado con el fiscal Guillermo Perez de la Fuente.

El 10 de noviembre de 2013, alrededor de las 03:40, cuatro jóvenes estaban a pocos metros de la puerta de acceso al predio donde se desarrollaba el evento, sobre la calle España al 2100, en el barrio de la Boca, cuando se les acercó Bestard. El hombre de 58 años les preguntó si necesitaban entradas. Como le dijeron que sí, el acusado les pidió 1600 pesos y el reloj de uno de ellos.

En ese momento, Bestard llamó a una persona que no fue identificada, quién les entregó los tickets a los jóvenes. Cuando quisieron ingresar, el personal organizador del evento les informó que las entradas eran falsas. Las cuatro víctimas salieron a buscar al vendedor. Cuando lo encontraron, le avisaron a un efectivo de la Comisaría 22, quién detuvo a Bestard y le secuestró 408 pesos y dos credenciales plásticas que decían “Creamfields”.

Los jueces Jorge Horacio Romeo, Federico Salvá y Javier Esteban de la Fuente tuvieron en cuenta el testimonio de los cuatro damnificados, que coincidieron en su relato sobre lo sucedido. Para los magistrados, si bien Bestard fue detenido instantes después de la maniobra, el hecho se consumó “porque las víctimas fueron despojadas del dinero y del reloj pulsera y si bien dieron con el acusado, éste ya había dispuesto de los bienes de los que se apoderó”, y por eso sólo se pudo recuperar una parte del dinero.

Bestard fue condenado por el delito de “estafa en concurso ideal con uso de documento privado falso”, que prevé una pena que va de un mes a seis años de cárcel. Si bien la pena de prisión fue dejada en suspenso, ya que era la primera condena que registraba el hombre, los jueces consideraron razonable que el fiscal se alejara del mínimo previsto en el Código Penal ya que el acusado trabajaba como chofer de funcionarios en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“En atención a la maniobra desplegada y siendo el imputado funcionario esto importa una agravante del hecho por lo que la pena mensurada por el Fiscal General aparece como razonable y proporcional tanto al hecho como a la culpabilidad del autor”, sostuvo el Tribunal.