El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Badaro y Fermin Ceroleni, condenó a siete años de prisión a una organización narcocriminal que transportaba estupefacientes desde la República del Paraguay a la Provincia de Corrientes. La característica relevante de este caso fue el descubrimiento de un aparato de contrainteligencia que los mantenía al tanto de todos los movimientos que realizaban efectivos policiales y de la Prefectura Naval Argentina. El Tribunal, en consonancia con lo solicitado por el fiscal federal Carlos Schaefer en su alegato, entendió al dispositivo de espionaje como agravante de la pena.

Durante las audiencias, declararon uniformados de Prefectura, quienes detallaron los pormenores de la pesquisa dispuesta por el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, que requirió más de dos años. A través de escuchas telefónicas, se logró determinar la banda transportaba la droga desde Paraguay a través del Rio Paraná hacia la Ruta Nacional N°12. Luego, era enviada a pie o en caballos a las proximidades de la Ruta Provincial N°5, donde se efectuaba la entrega a los compradores de la Ciudad de Corrientes, utilizando vehículos y motocicletas que funcionaban como punteros, mientras recibían informes de posibles controles de las fuerzas de seguridad. Los uniformados advirtieron al juez que la organización controlaba la entrada y salida de vehículos y personas de la Policía de la Provincia de Corrientes y de Prefectura Naval Argentina.

El día 30 de Abril de 2013, estaba prevista una transacción, por lo que Prefectura procedió a realizar un control sobre la ruta, donde logró detener una motocicleta con dos ocupantes que oficiaban de punteros y un automóvil Chevrolet Corsa con otras dos personas, cuyo conductor intentó chocar a los efectivos. Dentro del vehículo, hallaron 243,280 kilos de marihuana.

El debate

El fiscal Carlos Schaefer resaltó en su alegato que la organización realizaba “inteligencia a la inteligencia del Estado”, para conocer la ubicación de los policías y prefectos mediante mensajes y llamadas telefónicas. Para el representante del MPF, la información con la que contaban residía la mayor peligrosidad.

Así también lo entendió el Tribunal, que en el último párrafo de la sentencia afirmó que para graduar la pena se tuvo en cuenta como circunstancia agravante “la logística de la que disponían para controlar los movimientos de las fuerzas de prevención del delito y el grado de alarma social generada por su comportamiento”. Los jueces sentenciaron a siete años de prisión efectiva a los cuatro integrantes de la banda narcocriminal, como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el artículo 11 inciso C de la ley de estupefacientes.