En línea con el dictamen del titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, ese tribunal rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de un funcionario de la Unidad de Asistencia Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), en la provincia de Santiago del Estero, y confirmó su procesamiento por asociación ilícita, defraudación, violación de los deberes de funcionario público, utilización de documentos falsos adulterados y tentativa de exacciones ilegales.

La investigación se inició cuando un hombre se presentó ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero y solicitó que se suspendiera la pensión por fallecimiento que la ANSeS le había otorgado a un desconocido, pero que aparecía como casado con su madre. A raíz de ello, el Subsecretario de la Oficina Anticorrupción de la provincia de Santiago del Estero denunció también la existencia de una serie de actas de matrimonio que obrarían ante la ANSeS y que, cotejadas con las originales, resultaron apócrifas, en tanto presentaban signos evidentes de falsificación.

De acuerdo a los elementos recabados en la pesquisa, el imputado -junto a otros funcionarios y empleados públicos de la ANSeS-UDAI Santiago del Estero y los beneficiarios de las pensiones- intervinieron organizadamente, con distribución de roles y funciones, en la iniciación, tramitación y otorgamiento fraudulento de beneficios previsionales, para lo cual se valían de actas de matrimonio falsificadas al efecto. Tal maniobra -concretada en al menos 23 casos- habría ocasionado un perjuicio fiscal al Estado por la suma de $15.524.181,31. La mayor cantidad de casos fueron iniciados durante 2013 y 2014, en tanto que los presuntos matrimonios, en su mayoría, fueron celebrados en el período 2009-2011

La hipótesis es que se tramitaron y otorgaron beneficios previsionales de manera fraudulenta, mediante la utilización de actas de matrimonio falsificadas

En virtud de ello, el imputado fue procesado por asociación ilícita, defraudación, violación de los deberes de funcionario público, utilización de documentos falsos adulterados y tentativa de exacciones ilegales. Tal decisión fue recurrida por su defensa, quien solicitó su sobreseimiento bajo el argumento de que en el expediente no había pruebas que involucrasen a su asistido y que éste “no tenía un rol de supervisor o coordinador y tampoco realizaba los ADP que permitían cargar datos falsos, que era un operador que lamentablemente utilizaba la base de datos que otros empleados infieles habían modificado ilícitamente, y tampoco era quien definía el otorgamiento de los beneficios”.

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -integrada por Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal y Ricardo Sanjuan- rechazó la apelación y confirmó el procesamiento oportunamente dictado.

El tribunal revisor consideró probada “la comisión de un fraude en perjuicio de la administración pública, en el que el imputado junto a otros empleados y funcionarios de la ANSeS, en connivencia con los beneficiarios de las pensiones, y en base a las actas de matrimonios falsas iniciaron, tramitaron y otorgaron pensiones por defunción, participando en las distintas etapas del trámite, induciendo en error al fisco y provocando la disposición patrimonial perjudicial a la que hicimos referencia. Observándose el mismo modus operandi en todos los expedientes”.

Agregaron que el imputado, en su calidad de funcionario público, omitió cumplir con sus deberes y actuó de manera irregular, al tiempo que se valió de documentos públicos falsificados e intentó, en al menos un caso, obtener un rédito económico al solicitar la entrega de dinero indebidamente para “destrabar” un trámite.