La sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó, luego de una audiencia en la que participó la fiscal ad-hoc Nuria de Anso, el procesamiento por el delito de “estrago doloso por medio de derrumbe de edificio, agravado por haber causado la muerte de tres personas y lesiones de distinta índole en al menos otras once” contra el ingeniero Guillermo Antonio Heyaca Varela y el empresario Daniel Alberto Menta. Los dos imputados estaban a cargo de la obra en construcción lindera al gimnasio “Orion” y a los otros dos locales comerciales que se derrumbaron el 9 de agosto de 2010, en el barrio de Villa Urquiza.

Los jueces Mirta López González, Ricardo Matías Pinto y Mariano Scotto no tuvieron diferencias al momento de confirmar el procesamiento de Heyaca Varela y citaron en su fallo la exposición de la fiscalía. El procesamiento del empresario Menta fue confirmado por la mayoría de la sala, con la disidencia de López González. Además, los jueces fijaron para ambos acusados un embargo de quince millones de pesos. La jueza de instrucción María Fontbona de Pombo, que es quién interviene en la causa junto a la fiscalía de Distrito Nuñez-Saavedra, lo había fijado en diez millones de pesos en su procesamiento en abril pasado.

Confirmación de los procesamientos

De Anso comentó durante la audiencia que los inquilinos de los locales habían hecho reclamos desde semanas antes del derrumbe a través de la inmobiliaria. Los problemas iban desde la aparición de grietas y fisuras en las paredes hasta hundimientos y roturas de baldosas desde el mismo momento en que comenzaron con las excavaciones de la obra.

La fiscalía indicó que el 2 de agosto, una semana antes del hecho, Heyaca Varela y Menta se reunieron con representantes de la inmobiliaria en la vereda de Mendoza 5040. Allí fue donde pudieron enterarse (“si no lo sabían desde antes”) de las graves anomalías que sufrían sus vecinos. “A partir de ese momento hubo un reconocimiento directo de lo que sucedía” explicó. Detalló que el día del derrumbe, Heyaca Varela había estado en uno de los locales y había minimizado los problemas que sufrían los vecinos de la obra.

“Los damnificados fueron los únicos sorprendidos por el derrumbe ya que los imputados sabían que esto iba a pasar” afirmó la fiscalía. “Había una posición de garante innegable en ambos imputados, sobre ellos recaía el deber de preservar y proteger del peligro y de los daños” indicó De Anso. Citó las normas del Código de Edificación que rigen en materia de construcción, donde se especifican las medidas de seguridad y las responsabilidades que adoptan tanto las empresas como los profesionales de la obra.

En línea con lo expresado por la fiscal ad-hoc, el juez Pinto esgrimió que Menta, a pesar de haber tenido “señales concretas contemporáneas al derrumbe”; no controló en forma debida al director de la obra ante las señales de alarma. “Tuvo la efectiva posibilidad de suspender la obra y no lo hizo” argumentó el magistrado. Cabe resaltar que el empresario, en su descargo, aseguró que había delegado su responsabilidad en el ingeniero Heyaca Varela.

Otro de los ejes de la exposición de la fiscalía (que también fue retomado en el fallo de los jueces) fue el estudio pericial realizado a los escombros y al terreno de la obra. El peritaje fue realizado por cinco peritos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, dos arquitectos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y seis peritos de parte, dos de los cuales representaban a las defensas.

La conclusión de once de los peritos fue unánime: el desarrollo de la obra lindera al gimnasio y a los locales tuvo una “implicancia directa” en el colapso de los mismos. Según este informe, hubiera sido necesario suspender la obra para rediseñar y realizar nuevos cálculos. Por su parte, los peritos de la defensa presentaron otro informe, donde esgrimían que el edificio que se desplomó tenía “vicios ocultos”. Esta teoría fue descartada por el informe de los once peritos, algo que expuso la fiscalía.

En su voto, al que adhirieron el resto de sus colegas, la jueza Lopez Gonzalez consideró que la causa “se encuentra en condiciones de transitar las etapas procesales subsiguientes”, para que “allí se discuta y se resuelva sobre la materialidad del suceso investigado y sobre sus eventuales responsables”.