La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó los recursos de apelación de las defensas de once miembros de una asociación ilícita dedicada al robo de camionetas 4x4 en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, confirmó los procesamientos con prisión preventiva dictados por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 Alberto Baños, en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, a cargo de José María Campagnoli.

La causa se inició a partir del relevamiento realizado por la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que estableció “patrones comunes” en una serie de hurtos y robos de camionetas Nissan Frontier 4x4, que estaban estacionadas en diversas calles y avenidas de la ciudad. Los episodios delictivos tuvieron lugar entre el 1° de junio y el 5 de julio pasado en los barrios porteños de Saavedra, Villa Devoto, Monte Castro, Villa Real, La Boca, Mataderos, Caballito y Villa Luro.

La investigación recayó en la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, que encomendó a la policía el análisis de las cámaras de seguridad de los lugares donde se perpetraron los hechos. Ello permitió identificar la intervención de una camioneta Hyundai Tucson, que tenía patente de la República de Chile -a nombre de uno de los imputados- y un Chevrolet Prisma Joy, que había sido rentado por otro de ellos entre el 22 de junio y el 6 de julio.

Informes requeridos a la Dirección Nacional de Migraciones revelaron que dos de los hombres ingresaron a la Argentina el 26 de abril a través del paso Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, a bordo de la camioneta Hyundai. Luego, el 19 de mayo tres mujeres de nacionalidad chilena llegaron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y dos días después aterrizó otro de los miembros de la organización. Otros dos integrantes de la banda llegaron desde Chile en ómnibus, mientras que otros dos hombres lo hicieron a través de pasos no habilitados; sobre uno de ellos pesaba un pedido de captura dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. El restante integrante de la organización resultó ser un ciudadano argentino, que también estuvo implicado en la causa del TOC N°3 sanisidrense.

La banda comenzó a desmoronarse cuando el 7 de junio uno de sus integrantes fue apresado en la localidad bonaerense de San Justo, en momento en que conducía una de las camionetas que había sido sustraída días antes en La Boca. El 8 de julio pasado el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza procesó con prisión preventiva al hombre por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, resistencia a la autoridad y daño agravado.

El 18 de julio la policía detuvo a otros seis integrantes de la organización frente a una galería de la calle Esmeralda, en el microcentro porteño. Horas más tarde también apresó a las tres mujeres que integraban la banda y a otro hombre, cuando intentaban fugarse del inmueble en el que se hospedaban.

“La estrecha relación mantenida entre los imputados (evidenciada por la llegada al país, de forma casi simultánea, de varias personas de la misma nacionalidad, para cometer, en un breve lapso, por los menos 17 hechos delictivos con las mismas características), ilustra la planificación y ejecución, previa división de roles”, remarcaron los camaristas.

Procesamientos

En base a las pruebas recabadas por la fiscalía y la policía, el 27 de julio pasado juez Baños procesó con prisión preventiva al hombre que fue detenido en San Justo, como miembro de una asociación ilícita, y coautor de cinco hurtos agravados por tratarse su objeto de un vehículo dejado en la vía pública, en cinco oportunidades. Además, trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 80 millones de pesos.

El 3 de agosto el magistrado adoptó el mismo temperamento respecto de otro de los ciudadanos chilenos en orden a los delitos de asociación ilícita -en carácter de miembro- y como coautor de catorce hurtos de vehículos dejados en la vía pública, y de tres robos agravados de vehículos dejados en la vía pública, al tiempo que se embargaron sus bienes por 350 millones de pesos.

También procesó como miembro de una asociación ilícita, coautor de 12 hurtos agravados de vehículos y dos robos agravados de automóviles al único integrante argentino de la organización, a quien se le impuso un embargo de 300 millones de pesos.

Finalmente, los otros cinco hombres y tres mujeres fueron procesados como miembros de la asociación ilícita y se embargaron sus bienes hasta cubrir los 70 millones de pesos cada uno. El juez dictó además su falta de mérito en relación a la sustracción de los vehículos.

La decisión fue recurrida por las defensas de las personas imputadas y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desestimó las presentaciones y confirmó lo resuelto por el juez Baños.

En el fallo, los jueces Mariano Scotto y Pablo Guillermo Lucero consideraron acreditados “la comisión de 17 hechos de similares características -desde el 1° de junio y hasta julio, ambos de 2023", cuyo común denominador fue “la sustracción de camionetas marca ‘Nissan’ modelo ‘Frontier’, estacionadas en la vía pública”. Agregaron que los imputados circulaban en la camioneta Hyundai Tucson o el Chevrolet Prisma Joy y que “al localizar un vehículo de su interés, detenían la marcha, desconectaban la bocina para evitar la activación de la alarma sonora, forzaban una cerradura o quebraban el vidrio de una puerta para ingresar al habitáculo y encendían el motor valiéndose de algún dispositivo tecnológico, para luego darse a la fuga, uno de los miembros conduciendo el vehículo sustraído y los demás, en el o los vehículos de apoyo”.

“La estrecha relación mantenida entre los imputados (evidenciada por la llegada al país, de forma casi simultánea, de varias personas de la misma nacionalidad, para cometer, en un breve lapso, por los menos 17 hechos delictivos con las mismas características), ilustra la planificación y ejecución, previa división de roles”, enfatizaron los camaristas. Añadieron que las personas implicadas “salvo los que ingresaron de forma ilegal, lo hicieron en calidad de turistas”, pero que “ninguno tenía pasajes de regreso”, todo lo cual -junto a otros elementos- evidencia un “acuerdo de voluntades para instalarse en la Argentina con fines delictivos”.