La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional habilitó la feria judicial y confirmó los procesamientos dictados por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°46, Jorge De Santo, en la investigación seguida contra una importante banda de empresarios dedicada a alquilar vehículos para cometer distintos delitos. La causa es instruida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°14, a cargo del fiscal Andrés Madrea, quien contó con la colaboración de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC) de la Policía Federal Argentina.

El 30 de junio pasado, el juez había hecho lugar al pedido del representante del Ministerio Público y decretó el procesamiento con prisión preventiva y embargos que ascienden a la suma de $1.700.000 para sus jefes, Máximo Alejandro Arteagaveytía y Diego Alejandro Plasencia, como autores del delito de asociación ilícita y participes de diversos robos agravados, como también a Daniel Ramón Plasencia, Carlos Alberto Segovia, Sabrina Gisela Leiva, Rodrigo Santillán y Claudio Daniel Acosta, todos responsables de las empresas de alquiler de vehículos “Keeping Moving Group S.A.”, “Gold Rent a Car”, “Mercocar Rent a Car”, “Tigger Rent a Car”, “Rent a Car Solutions” y “Easy Rent a Car Solutions”.

La medida fue apelada las defensas de los imputados y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, confirmó, el pasado 23 de julio, todos los procesamientos dictados, destacando el fallo de Cámara la claridad y fortaleza de las pruebas obtenidas durante la investigación dirigida por la Fiscalía, en las que se basó la resolución del Juez de Primera Instancia.

El proceso continuará con la realización de peritajes tendientes a resolver la situación de otras cinco personas implicadas en los hechos.

El caso

La pesquisa comenzó el 13 de septiembre de 2013, cuando un automovilista fue abordado por tres personas de nacionalidad colombiana, quienes lo siguieron hasta su domicilio, en Roque Sáenz Peña al 500, luego de que concurriera a un banco y lo despojaron de un maletín con $83.000 y una computadora.

Los tres imputados, quienes fueron detenidos por la Policía, se desplazaban en un Renault Logan que pertenecía a la empresa de alquiler de vehículos Keeping Moving Group S.A., ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.

El fiscal Madrea encomendó a la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la PFA el entrecruzamiento y el análisis de la información relativa a distintos robos ocurridos desde septiembre de 2013, en el que intervenían en su mayoría extranjeros con autos alquilados a distintas firmas, pero cuyos contratos de locación no se correspondían con la identidad de los usuarios.

Tal circunstancia era subsanada luego por contratos falsos suscriptos por los mismos dueños de Keeping Moving Group, Diego Plasencia y Máximo Arteagaveytía, de modo tal que así lograban recuperar los vehículos secuestrados en diversos hechos delictivos, para volver a alquilarlos a otras bandas, al tiempo que deslindaban su responsabilidad.

La pesquisa permitió establecer que el presidente de Keeping Moving Group tenía tres socios, quienes a su vez figuraban como propietarios de otras sociedades, entre ellas Gold Rent a Car, con domicilio en un edificio de oficinas del kilómetro 53 del Ramal Pilar de la Autopista Panamericana.

En la investigación, se determinó que las mismas personas, cambiando en apariencia las conformaciones societarias, figuraban en otras firmas del mismo rubro, las cuales tenían domicilios cercanos al de Keeping Moving Group, en la localidad bonaerense de Pilar. Asimismo, recientemente inauguraron oficinas en el barrio porteño de Puerto Madero, dado que la casa matriz había sido allanada en busca de contratos apócrifos de alquiler de vehículos, en el marco de otros hechos delictivos cometidos por ciudadanos extranjeros, tal como el que padeció el fiscal federal Carlos Stornelli.

Se logró establecer que al menos 50 automóviles de media y alta gama, algunos de propiedad de los mismos empresarios detenidos y otros de terceros inversores, se encontraban involucrados en la logística de distintas bandas que cometieron, al menos durante un año, múltiples hechos delictivos en el ámbito de la Ciudad Autónoma y el gran Buenos Aires, bajo las modalidades de “picharruedas”, salideras bancarias y saqueos de casas, algunos de los cuales se caracterizaron por su violencia, porque fueron ejecutados con armas o en banda, participando dos o más personas, delitos por los que, al menos en cuatro de esos casos, la Cámara también confirmó que deben responder como participes los empresarios detenidos ya que proveyeron los automóviles y sabían que iban a robar con ellos.

Las tareas de inteligencia realizadas por la Policía permitieron identificar a los responsables de este singular “servicio” de logística para robar. Por ello, a pedido de la Fiscalía, el juez Jorge De Santo, ordenó la realización de 12 allanamientos simultáneos, en los que se detuvo a diez personas, al tiempo que también se secuestraron varios vehículos nuevos, decenas de teléfonos celulares, computadoras y documentación de vehículos, entre la que figuran los contratos reales y los falsos.

Hasta el momento, los detenidos se negaron a prestar declaración indagatoria y sus defensas presentaron oportunamente pedidos de excarcelación los cuales fueron rechazados por el juez a pedido del fiscal, quien argumentó que se trataba de delitos graves tales como asociación ilícita y alteración de documentación y que existía peligro de que se den a la fuga, encarcelamiento preventivo que ahora la Cámara también confirmó hasta que se eleve la causa a juicio oral.